Busca “regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.

Define a la austeridad republicana como la “política de Estado que los entes públicos, así como los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos, están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico”.

El objetivo es “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Estipula que para aplicar la política de austeridad republicana, los entes públicos deberánabstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

Asimismo, establece que los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

Prohíbe la contratación con recursos públicos de cualquier tipo de seguros de gastos médicos privados, de vida o de separación individual o colectiva.

Agrega que, por ningún motivo, se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

La austeridad republicana es una de las principales banderas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que además de reducir su salario a la mitad de lo que cobraba su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha calificado como inmoral que los funcionarios al dejar sus cargos trabajen para empresas privadas de sectores estratégicos.

También sostiene que con los ahorros derivados de la austeridad se liberarán recursos para los programas sociales en los que basa su estrategia para reducir la pobreza y combatir la inseguridad.

Con información de EFE