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16 November, 2019¿Qué Derecho guía la cuarta transformación?
Por Mouris Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México AC
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Así lo consagra la mayoría de las Constituciones de los estados nacionales latinoamericanos desde el siglo XIX; doctrina de la que México es precursor.
Ese principio, ¿se ha respetado en Bolivia, donde la subcultura gorilesca pasa por una nueva edición? Por supuesto que no.
Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Un claro y amenazante mensaje para los regímenes al sur del Río Bravo, frontera de México con el soberbio imperio anglosajón.
Bajo el paragua de un Nuevo Orden Feudal Mundial
El asunto nos plantea una cuestión mayor, ineludible: ¿Vale el Derecho formal, para este caso el Internacional, vis a vis con operaciones fácticas que se condensan en el golpe de Estado?
Al menos desde la década de los ochenta, cuando Washington y Londres proclamaron la Revolución Conservadora, placenta de la globalización mercantilista, no pocos Estados periféricos han entregado su soberanía nacional en el altar del mercado.
La rendición de banderas soberanas, incluso las meramente autónomas, ha tenido como resultado, en una primera etapa, la implantación del Derecho Corporativo Global.
Vencidas las resistencias nacionales por gobiernos neoliberales, en años recientes se habla ya de un Nuevo Orden Feudal Mundial. ¿Quién lo ha decretado?
Sobran documentadas tesis que sostienen que, ese “nuevo orden”, ha sido diseñado y ejecutado a mansalva por las grandes corporaciones trasnacionales bancarias, financieras, industriales, comerciales e incluso culturales, que pregonan, desde sus metrópolis, al través de sus dominios científicos y tecnológico, la sociedad de la información.
No puede ser más cínica la ironía: El golpismo latinoamericano ha tenido como herramienta una sofisticada técnica de desinformación, con intencionalidad manipulativa, made in USA.
Esa maquinaria infernal opera ya en México. La policía cibernética no es la que resolverá el problema, aunque lo detecte. Es un asunto de Estado, que no se responde con voluntarismo personal, sino con energía política soberana. Vale.
