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Por Redacción QP
Determinan que la administración de ex mandatario ejerció discrecionalmente el presupuesto, generó endeudamiento, no alcanzó el crecimiento previsto y no ejerció debidamente los recursos
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados rechazó, con los votos de todos los partidos menos el PRI, las Cuentas Públicas del 2015 y 2017, es decir, el tercer y quinto años de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, por irregularidades “graves y recurrentes” en el uso de los recursos; incumplir los objetivos de la política del gasto, y porque los programas gubernamentales tuvieron sólo un impacto “marginal” en la sociedad.
Los dictámenes que serán llevados al pleno de la Cámara concluyen que el Ejecutivo Federal ejerció discrecionalmente el presupuesto, generó endeudamiento, no alcanzó el crecimiento previsto y no ejerció debidamente los recursos, por lo que “no existen elementos” para aprobar el ejercicio del gasto esos años.
La revisión y eventual aprobación de la Cuenta Pública es el mecanismo por el cual la Camara de Diputados ejerce su facultad exclusiva de control financiero del gasto.
Con la decisión de la Comisión y de votarse en el pleno, serán tres años del gobierno de Peña Nieto los “reprobados” en ejercicio de los recursos, pues la Cuenta Pública de 2016, penúltimo año de gobierno peñista, fue rechazada el año pasado.
El dictamen que rechazó la Cuenta Pública de 2015 recibió 28 votos en pro de Morena, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, en tanto que tres votos fueron en contra, todos del PRI, quien no argumentó en defensa de la gestión priísta, y una abstención, del petista Oscar González Yáñez.
El dictamen que “reprobó” el ejercicio del gasto 2017 fue avalado con 30 votos de todos los partidos, tres en contra, emitidos por el PRI y una abstención del mismo diputado del PT.
El rechazo a las Cuentas Públicas 2015 y 2017 no suspenderá el trámite de las acciones promovidas por la Auditoria Superior de la Federación y se acordó instalar una mesa de seguimiento.
DESVÍOS Y ENDEUDAMIENTO CON PEÑA NIETO
De acuerdo a los dictámenes avalados, en el caso de 2017 “se ejercieron discrecionalmente” ampliaciones netas por 366 mil 975.1 millones de pesos y la deuda bruta total se incrementó con relación al año previo; fue de siete billones 722 mil 185.1 millones de pesos, “274 mil 221.7 millones de pesos superior al informado un año antes”.
Además “con corte a mayo, existe un monto de 80 mil 577 millones de pesos que requiere ser recuperado o aclarado por la totalidad de los entes públicos fiscalizados”.
El mayor número de irregularidades se concentró en el gasto federalizado y la mayoría de las observaciones se ubicaron en Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas, “con fallas reiteradas en los ramos 23 (Provisiones salariales y económicas), 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios) y 33 (Aportaciones a estado y municipios), especialmente en la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad”.
En tanto, de acuerdo al documento sobre la Cuenta Pública 2015, se indica que el Ejecutivo “ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 222 mil 570.0 millones de pesos” y la deuda bruta reportada al final de ese año fiscal quedó en cinco billones 074 mil millones de pesos, “esto es, 527 mil 403.5 millones de pesos superior al informado un año antes”.
También se señaló que “de forma reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los ramos generales 23 y 33, siendo la falla más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad”.
Asimismo, otra razón para rechazar la Cuenta Pública fue que el Ejecutivo incumplió la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) establecida en 3.7% pero sólo fue de 2.5% del PIB.
En el documento se expone que resultado de la revisión de 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo seis mil 491 observaciones que dieron lugar a nueve mil 472 acciones, “sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios”.
Con información de SUN
