De cada sexenio, nueva comalada de ricos
Por Mouris Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México AC

EL SUPUESTO HISTÓRICOnos informa que, hace 90 años, se ofreció a los mexicanos un país de instituciones y de leyes, promesa inscrita en el texto de la convocatoria a la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR).

Pareció aquello una suerte de justicia poética. Precisamente un año antes había sido asesinado el militar reelecto Álvaro Obregón, quien dejó para los bronces una convicción: No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos.

El presidente sustituto del sonorense, Emilio Portes Gil, prácticamente retirado de la política activa, caracterizó cada sexenio gubernamental con una imagen plástica: A cada fin de periodo presidencial, tenemos una comalada de nuevos ricos.

El combate a la corrupción resultó nuez vana: Hasta la década de los setenta, bajo la figura de jurados populares, se pretendió castigo al peculado, delito del orden federal: A los juzgados de distrito fueron expuestos algunos carteros o telegrafistas que solían agandallarse del importe de giros que no pasaba de 150 o 300 pesos.

Un destino manifiesto: México, país de cínicos

A finales de esa década, José López Portillo lanzó una espeluznante profecía: México se encamina a convertirse en un país de cínicos.

Su sucesor, Miguel de la Madrid postuló la renovación moral de lasociedad, idea-fuerza que demostró que una golondrina no hace verano.

Para el siguiente periodo, con la tecnocracia neoliberal en el poder público, Carlos Salinas de Gortari le puso sello a su mandato, despenalizando los delitos financieros y patrimoniales. ¿A quién que le dan pan que llore?

México, paraíso de la Lex simulata

De 1929 a la fecha, en efecto, México se convirtió en un país de leyes, de muchas leyes: La ley del más fuerte, la del embudo, la ley letra muerta; todo, bajo un rubro genérico: La lex simulata. Para los indefensos ciudadanos remisos, la ley plata o plomo, etcétera.

Estudiosos del Derecho o miembros de judicaturas extranjeros se admiran por las incesantes reformas a la Constitución mexicana y la promulgación de cientos, acaso miles de leyes secundarias. Desde mediados del sexenio anterior, las correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción.

Hace poco más dos años, cálculos conservadores cuantificaron la corrupción público-privada en un billón de pesos al año. Es obvio que los investigadores del tema se quedaron cortos, acaso por no caer en la tentación de utilizar datos no verificables técnicamente.

En todo caso, observatorios internacionales concluyen que la principal traba al desarrollo nacional radica en el monstruoso déficit de Estado de Derecho: 99 por ciento de delitos denunciados, la mayoría de alto impacto, quedan aupados por la impunidad.

Contra la estimación de 2017 -un billón de pesos, costo anual de la corrupción detectable-, todavía los mexicanos no pierden su capacidad de asombro. En las páginas de esta edición se da una cifra: Un billón 600 mil millones de pesos al año.

La empresa fantasma y la industria de facturas falsas

La descomunal suma condensa solamente operaciones de lavado de dinero y el fraude fiscal perpetrado con la emisión de facturas falsas, una práctica que no resultó de generación espontánea, sino rigurosamente maquinada entre agentes privados que contaron puntualmente con la complicidad de funcionarios públicos.

Para ese caso, los responsables de la recaudación de impuestosque expidieron patentes de corso desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las leyes de transparencia sólo destapan el drenaje profundo

Delito de lesa economía popular, no basta sin embargo, que existan las afamadas leyes de transparencia que sirven sólo para destapar las cloacas del drenaje profundo y poner a superficie los ríos de pus que corren por todo el territorio nacional.

Con independencia de lo que “podría haberse hecho” con los inmensos recursos que pasaron a los saldos de las cuentas privadas de los facinerosos de cuello blanco, lo comprobable es que saquearon presupuestos etiquetados a las políticas de Salud y Educación. Para la producción alimentaria, ni hablar.

Se embuchacaron, además, partidas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y no alcanzaron a saciarse con fondos destinados a reparar la devastación causada por fenómenos naturales, hasta privatizar las bolsas de sorteos administrados por el Estado, cuya renta debiera destinarse a la asistencia pública.

Todo ese entramado está desmontándose ya, pero, hasta ahora, su efectismo se queda anclado en lo mediático

Cerramos con un ejercicio memorioso sobre esa ya tipificada hace unos meses como una bien tramada política de Estado.

En la campaña presidencial de Salinas de Gortari se levantó una voz obrera: Si no se frenan las políticas económicas neoliberales, presupuesto público hará falta para construir hospitales para una sociedad cada vez más enferma y centros penitenciarios, porque no habrá quien los cierre por fuera.

No es un dato alegórico. José Manuel Irenn Téllez, autor de la recapitulación sobre la defraudación fiscal, le pone número a la casa: 36 años de neoliberalismo. Los mismos del salinato transexenal. Ya basta.

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Redacción QP

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