El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en aquel entonces dirigido por Aristóteles Núñez, implementó esta medida con el fin de facilitar a los contribuyentes ponerse al corriente con sus obligaciones en los ejercicios dispuestos en la modificación legislativa. Sin embargo, el organismo detalló la conveniencia de su corta periodicidad para evitar un perjuicio significativo a la recaudación.

 

A través de un informe dado a conocer a finales de ese año, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso los resultados de este mecanismo, que no volvió a ser tomando en cuenta durante el resto del mandato de Peña Nieto.

Uno de los objetivos principales de las administraciones tributarias es incentivar el cumplimiento oportuno y voluntario en los contribuyentes, pero las amnistías fiscales generan justamente el efecto opuesto, señaló el SAT.

Además, subrayó que estos programas deben percibirse como un evento único, que de lo contrario, fomentan la anticipación a ellos y la evasión fiscal. Asimismo, deben acompañarse de medidas de reforzamiento de las facultades de fiscalización e indicadores que permitan definir objetivos y metas.

Para ilustrar la desventaja que representa acudir constantemente a las medidas de amnistía, el reporte titulado Programa de regularización de adeudos “Ponte al Corriente”, ejemplifica la experiencia internacional ejecutando estos programas, que demuestra un mayor éxito en la medida en que sean extinguibles y se acompañen de una base gravable, menciona el texto.

Destaca lo sucedido en Colombia, Irlanda e India, que implementaron medidas similares en periodos cortos logrando recaudaciones equivalentes hasta de 2.5% del PIB en el caso más exitoso.

En tanto, advierte su repetición en países como Rusia y Argentina durante la década de los 90 sin impacto en términos fiscales porque la amnistía no se acompañó de reformas estructurales.

La principal recomendación otorgada en el documento es que no se reproduzcan las políticas que facilitan la condonación de impuestos, conclusión que contrasta con la gestión del SAT durante el último sexenio priista, que hasta 2018 perdonó 105 mil 21 millones de pesos a más de 10 mil contribuyentes entre los que se encuentran empresas, organismos públicos y figuras de la política, la farándula y los deportes.

Con información de SUN