El Universal informó que los hermanos Miguel y Osvaldo Ríos Sánchez, alias “El Pozol” y “El Gordo” respectivamente, declararon que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente llevados a una fosa en la colonia Pueblo Viejo, ubicada entre Cocula e Iguala; sin embargo, ambos alegaron haber sido víctimas de tortura.

Otro de los declarantes que alegó haber sido torturado fue Carlos Canto, quien supuestamente reveló que los estudiantes fueron llevados a Mezcala.

Por ello, el Colegiado ordenó la realización del Protocolo de Estambul por peritos independientes a la FGR para determinar si realmente fueron torturados y qué declaraciones serán eliminadas del expediente por haber sido obtenidas mediante la comisión de este delito.

“Atendiendo al referido Protocolo de Estambul, los dictámenes deberán ser practicados por peritos que no pertenezcan a la institución ministerial, a las procuradurías estatales, o alguna otra de las dependencias a cuyo personal se atribuyen los actos de tortura (Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de México, entre otras)”, indica el resolutivo.

El Colegiado también ordenó volver a analizar si los expolicías fueron detenidos legalmente o, de lo contrario, podría dictar su libertad inmediata pues permanecen presos en Nayarit.

Según la sentencia, al momento de ser presentados ante el ministerio público, luego de su detención, los expolicías presentaban diversos golpes en clavícula, pecho, cara, oídos, costillas y espalda; así como escoriaciones en las muñecas, los dedos de los pies, abdomen y brazos.

Además, los imputados alegaron haber sido puestos a disposición fuera del término establecido en la ley, luego de su detención.

Este amparo se suma a las resoluciones favorables que recibieron otros 24 expolicías municipales que ya fueron liberados, según lo informado por la Fiscalía General de la República el pasado 14 de septiembre.

Las liberaciones tanto de exfuncionarios públicos como de supuestos integrantes de la delincuencia organizada han obedecido a la eliminación de al menos 60 pruebas recabadas por la FGR, en administraciones pasadas, sobre el caso Iguala.

Con información de SUN