Los tambores que suenan no son de hojalata

Por Mouris Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México AC

Una definición típica europea nos informa que los franceses votan con el bolsillo. Esto es, según el color del cristal con que se mire a los candidatos a puestos de elección popular y su oferta económica.

Nuestro folclor nos da una opción retórica: Duele más el cuero que la camisa. Aplica el diagnóstico cada vez que un gobierno pretende resarcir su déficit fiscal revisando su régimen impositivo.

Apenas sale una señal desde la Secretaría de Hacienda y las reacciones adversas no se hacen esperar. No hablamos de los contribuyentes cautivos, a los que asistiría la razón habida cuenta que se castiga su voluntad de cumplimiento.

Hablamos de los que, por su habilidad -no siempre legítima- para agenciarse ganancias y tienen, además sólidas y beligerantes organizaciones representativas de defensa, pretenden sobreponer sus poderes fácticos a los poderes constitucionales.

Nuevos ataques a la intención de legislar la justicia fiscal

Estamos a la vista de la reproducción de la histórica resistencia contra las tentativas de legislar la justicia fiscal.

Aun antes de que se produjera en 2018 el cambio de actores en la conducción de los poderes del Estado, desde colegios especializados y despachos contables privados se puso el dedo en una ulcerada llaga: La existencia de cientos de empresas fantasmas que, constituidas en cártel, idearon redes circulares para tramar operaciones, incluso internacionales, de evasión de impuestos.

El daño patrimonial al erario público estimado fluctuó entre un billón y dos billones de pesos al año. Las nuevas autoridades hacendarias han decantado las cifras y ahora se tasan en medio billón de pesos anuales.

El tema fue puesto este año en la agenda parlamentarias por las cámaras del Congreso de la Unión. Esta semana, el Senado empezó a planchar dictámenes sobre penalizaciones a la defraudación fiscal maquinada.

En la exposición de motivos de la reforma correspondiente se vincularon las leyes federales de Seguridad Nacional y contra la Delincuencia organizada, así como los códigos Fiscal de la Federación y Penal de Procedimientos Penales.

El sindicato patronal, a la vanguardia de la resistencia

Si bien el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) asumió una relativa reserva sobre el asunto, es la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la que se ha puesto a la vanguardia de la resistencia, esgrimiendo una doble moral: No defendemos a los evasores, lo que se impugna es que el gobierno federal esté generando una herramienta legal que le permita no tener límites y usar todo el aparato del Estado con quien sea, sin respeto a las garantías individuales.

(Un poco desfasado el alegato, cuando el capítulo constitucional aplicable, es el de los Derechos Humanos, en cuyo caso la protección es extensiva a todas las personas, no sólo a las del poder económico, que, por su lado, son amparables por la figura de personas morales, que en México son una visible minoría.)

La iniciativa de reforma en comento propone castigar la defraudación fiscal (con penas de cinco a ocho años de privación de la libertad) a partir de siete millones de evasión, limite después del cual la transgresión se equipara a la de delincuencia organizada.

El justiciable, en ese caso, es tanto quien emita o venda facturas falsas, como el que las adquiera. El propósito es el mismo: Eludir el pago de impuestos.

Las reacciones del sindicato patronal no son para echarse en saco roto. La Coparmex tiene al menos nueve décadas demostrando que sabe abogar por sus socios y lo ha probado en el último medio siglo declarando paros económicos (huelgas, es un uso común) y amenazas de suspensión de pago de impuestos.

Si se oye sonar los tambores, no son de mera hojalata. Al tiempo.