La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó a declarar el próximo 8 de octubre al ex presidente Álvaro Uribe y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, dentro del proceso que les sigue por un presunto soborno y fraude procesal.

La citación responde a una petición de la sala de Instrucción Penal con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina y le pide a Uribe, presidente entre 2002 y 2010 y hoy senador, que acuda acompañado por su abogado.

El anuncio de la indagatoria del ex mandatario se produce a un año de iniciar la investigación formal contra Uribe y luego que el expediente del caso pasó de la Sala de Casación Penal a la nueva Sala de Instrucción, lo que significó también el cambio del magistrado a cargo.

La Corte había decidido citar al ahora senador y líder del partido Centro Democrático en agosto del año pasado, pero la indagatoria no se llevó a cabo por el cambio de sala del proceso. En la comparecencia de octubre próximo, Uribe Vélez deberá acudir acompañado de su abogado.

El proceso se inició luego que el alto tribunal desistió de investigar al senador Iván Cepeda, quien había sido denunciado por Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos para involucrarlo en actividades criminales de grupos de ultraderecha, y decidió enviar a la Fiscalía los documentos existentes contra el expresidente.

La defensa de Uribe, quien está acusado de manipular testigos contra el legislador Cepeda, ha calificado el expediente de su cliente como “un montaje”, argumentando que varias de las pruebas contra él fueron obtenidas de forma ilegal mediante interceptaciones telefónicas.

Ante la decisión de la Corte, el abogado de Uribe, Jaime Granados, afirmó que “siempre han acatado los fallos judiciales”, estén o no de acuerdo.

Uribe había solicitado que se declarara nulo el proceso en su contra, algo que le negó la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema “por cuanto la práctica de pruebas se encontró ajustada a la legalidad”.

Tras la indagatoria de Uribe Vélez, la Corte deberá decidir si le dicta alguna medida de aseguramiento o si el ex mandatario podrá seguir el proceso en libertad.