Minera canadiense acusada de contaminar al país le pedirá a AMLO una rebaja de impuestos

Plena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos al sector minero son las principales demandas que las mineras solicitarán al nuevo Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Esperamos que (el nuevo Gobierno) muestre compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, así lo declaró Michael Harvey, directivo de Goldcorp, la minera canadiense que acumula denuncias por contaminación y por consumir grandes volúmenes de agua en el país a costa del medio ambiente e incluso la salud de las poblaciones donde opera sus minas.

Las mineras pedirán al Gobierno de Andrés Manuel López Obradorplena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos a este sector, así lo declaró Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos y Seguridad de Goldcorp, la transnacional canadiense que acumula decenas de denuncias por contaminar la tierra y consumir grandes cantidades de volúmenes de agua de las poblaciones donde opera.

“Es importante que México asegure plena protección a las inversiones extranjeras porque bajaría la confianza, para la minería lo más relevante es el tema de protección a las inversiones, la industria no se ve afectada por otros temas como otros sectores”, explicó el directivo de la minera canadiense en conferencia de prensa.

Informó que este jueves sostendrán una reunión con parte del equipo que conformará la Secretaría de Economía (SE) en la próxima administración, cuya dependencia estará a cargo de Graciela Márquez Colín.

La reunión, dijo, es para poner en la mesa las necesidades y retos que enfrenta el sector como la sobrerregulación fiscal, la falta de Estado de derecho y la inseguridad.

“Esperamos que muestren compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, aseguró.

El directivo de la minera Goldcorp destacó que para mitigar la carga fiscal el gobierno en turno podría permitir que las compañías puedan deducir las inversiones de infraestructura o de obras en la localidad de las minas, como ocurre en Perú.

“Eso sería muy positivo porque las comunidades terminarían con obras de mejor calidad y con un costo administrativo mucho más bajo, porque se eliminaría toda esa burocracia de fondo”, indicó.

Michael Harvey habló también de que la industria minera deberá trabajar fuerte en la próxima administración para dar a conocer los beneficios de la actividad y el reto del Estado de derecho, uno de los grandes problemas en el país.

“Estoy viendo mucha apertura para reunirse con funcionarios canadienses y miembros de la industria, es un momento de esperanza porque la industria debe recuperar competitividad”, señaló.

LAS ACUSACIONES CONTRA GOLDCORP

En el anuario 2017 sobre “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburo hacia el fin de sexenio”, realizado por organizaciones de la sociedad civil, alertó que la laxitud de las regulaciones que rigen las actividades extractivas en México está llegando a niveles “descarados” en detrimento de la biodiversidad.

El alto número de concesiones mineras vigentes se mantiene cercano a las 25 mil; de éstas, el 85.2 por ciento se ubica sobre superficie del territorio con vegetación natural y más del 80 por ciento de la superficie terrestre concesionada a la minería se encuentra en zonas con una muy alta y alta integridad ecosistémica. Resulta más alarmante aún que de las Áreas Naturales Protegidas y sitios Ramsar, un total de 7.2 por ciento de su superficie terrestre a nivel nacional esté concesionado a la minería.

Respecto al sector hidrocarburos, en este estudio se evidenció que, debido a numerosas modificaciones legislativas, el Estado mexicano permite también que todas las actividades relacionadas con éste puedan llevarse a cabo sin ser reguladas por el ordenamiento ecológico del territorio. Como ha sucedido en otros años, las regulaciones ambientales se siguen debilitando ante el avance de las industrias extractivas.

Este informe también reveló que las empresas que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año y son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México.

En Zacatecas, Goldcorp ha realizado una actividad intensa con su minera Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, de donde extrae de 9 mil a 110 mil toneladas diarias de oro y plata.

De acuerdo con una investigación del medio local NTR Zacatecas, los cerros de los desechos mineros llegan hasta donde la vista alcanza, “enfrente sólo hay un paisaje devastado por las máquinas dedicadas a la extracción de oro, que acabaron con 6 mil hectáreas del semidesierto zacatecano”, según la investigación del medio.

Añade que el camino de terracería sigue hasta convertirse en una carretera de dos carriles que conduce a la comunidad de Nuevo Peñasquito, otro pueblo fantasma, al igual que la cabecera municipal. “El centro comunitario de salud que presuntamente operará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abandonado. En su interior hay varias sillas y un escritorio cubiertos de polvo”.

En el año 2016, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala acusó a la transnacional canadiense de generar altos niveles de contaminación en Mazapil. Según denunciaron, la minera vierte selenio y otros metales en mantos acuíferos de la zona, los cuales han provocado problemas de salud en la población.

La práctica de hostigamiento contra quienes se oponen a las minas es otra de las acusaciones en contra de Goldcorp. En el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde la empresa explora la mina La Preciosa, se ha intensificado también este fenómeno.

En esta localidad, grupos identificados como parte de Los Zetas han hecho presencia entre la población con prácticas de extorsión; exigen una cuota de cinco pesos diarios a cambio de respetar vidas y propiedades.

Obviamente el objeto de la extorsión no es el dinero en sí, sino el terror que siembran entre los habitantes, quienes han comenzado un éxodo silencioso que los obliga a malbaratar sus predios, los ambicionados por Goldcorp.

Entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano, así lo consigna el periodista J. Jesús Lemus en su libro de reciente publicación “México a Cielo Abierto”.

Se ha publicado diversas investigaciones sobre el tema consultando a distintos especialistas en la materia, quienes acusaron que el Gobierno ha permitido operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.