Aunque un juez federal impidió, por el momento, la ejecución de cualquier orden de aprehensión o comparecencia contra Rosario Robles Berlanga, extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el caso de la “Estafa maestra”, deberá exhibir una garantía de casi 70 mil pesos para conservar la medida.

El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de garantías que Robles Berlanga presentó contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia y le concedió suspensión provisional.

El juez fijó que a las 11:00 horas del próximo 8 de agosto, la Fiscalía y Robles Berlanga, acompañada de sus abogados, acudan al Centro de Justicia Penal federal, para celebrar la audiencia de imputación y vinculación a proceso.

El juez de Amparo prevé resolver la suspensión definitiva el próximo 6 de agosto, por lo que si concede la medida es posible que la audiencia en el Reclusorio Sur no se lleve a cabo, ya que las autoridades estarán impedidas para obligar a Robles Berlanga a comparecer.

Julio Hernández Barros, abogado de la exsecretaria, señaló en entrevista que debido a que los mandos judiciales no les han informado de los delitos por los que se le acusa a la extitular de la Sedesol, se tiene un proceso que recuerda a los que hacía “la Santa Inquisición” en la Edad Media.

Declaración patrimonial

Tras haber servido como titular de Sedesol y de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles reportó que compró más de un millón de pesos en joyas y obras de arte, como pinturas y esculturas. 

Al revisar la declaración patrimonial y de posible conflicto de interés, se encontró que el pasado 7 de diciembre de 2018, una semana después que entrara en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Robles Berlanga detalló que al adquirir joyas, menaje de casas y obras de arte desembolsó un millón 250 mil pesos. 

En el documento también se observa que en el rubro de inversiones, Robles informó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tiene una cuenta bancaria con un saldo de 180 mil 617 pesos y un seguro de separación individualizada por un millón 773 mil 303, además, en cuatro tarjetas de crédito tenía un adeudo de 94 mil 863 pesos.