El pleno del Congreso capitalino aprobó reformas al Código Penal de la Ciudad de México, queendurecen los castigos para quienes cometan feminicidio, robo de celulares o ilícitos a bordo de motocicletas, así como para aquellos que reincidan en delitos de alto impacto.

En el primero de dos días de sesión extraordinaria, por unanimidad, 53 legisladores avalaron en lo general y luego en lo particular dos artículos reservados del dictamen, que parte de la iniciativa de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a la que se le agregaron propuestas de los diferentes grupos parlamentarios.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), a través del diputado Diego Garrido, se reservó el Artículo 29 Ter para insistir en su propuesta de sancionar la reincidencia cuando se cometan delitos graves con cadena perpetua y no solo se incremente en dos terceras partes. Sin embargo, en votación económica se rechazó la iniciativa.

El diputado de Morena, Héctor Barrera solicitó también una reserva al dictamen, aprobada por unanimidad, y pidió incluir un Artículo Segundo Transitorio, a fin de establecer que las reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, pues esto se omitió por descuido en el documento aprobado en lo general.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, fundamentó el dictamen al destacar que de esta manera se agravan los delitos de robo a casas habitación, de vehículos, a cuenta habiente, extorsión, despojo y agresiones a los cuerpos de seguridad, con lo que se fortalece la estrategia de seguridad del gobierno local.

En el @Congreso_CdMex aprobamos modificaciones al código penal, donde el feminicidio será el delito mayor castigado con 70 años de prisión ????#TrabajamosParaTi #ValeBa3 pic.twitter.com/VPVUy7oblU

— Valentina Batres (@valentinabtg) July 30, 2019

Sin embargo, al razonar su voto, legisladores de los diferentes partidos coincidieron en que no solo con el aumento de penas se abatirá la delincuencia en la capital del país, ya que es necesario establecer una política pública integral que combata las causas que llevan a una persona a delinquir y contra las adicciones, pero sobre todo que busque acabar con la impunidad.

En el dictamen no se derogan los tipos penales de pornografía infantil, trata de personas, desaparición forzada y secuestro como lo planteaba la jefa de gobierno, pero si el ultraje a la autoridad al agravar las sanciones por lesiones contra elementos de seguridad ciudadana con trabajo comunitario inconmutable de 48 a 300 horas.

También se incluye una figura en el Código Civil local para que las faltas administrativas de maltratar, intimidar o incitar a la violencia a la policía sean sancionadas con labor a la comunidad de 20 a 36 horas inconmutables.

En tanto, el delito de feminicidio se reclasifica para ser sancionado con 35 a 70 años de prisión, pues hasta ahora la legislación establecía dos tipos; el calificado castigado con 20 a 50 años de cárcel y el agravado de 30 a 60 años de prisión.

En el delito de robo, dijo Santillán, se aplican las disposiciones del Artículo 220 del Código Penal vigente de que las sanciones dependerán del monto sustraído y a partir de ello se agrava el ilícito cuando sea con violencia.

En el caso de robo a casa habitación se aumenta la agravante de cuatro a ocho años de prisión, cuando sea con violencia como amenazas, lesiones, abuso sexual y violación.

Por su parte, el robo a auto partes y vehículos, que hasta ahora eran penados con dos a seis años de prisión, se diferencian y en el primer caso considera una pena igual, mientras que cuando sea robo de automóvil el castigo irá de cuatro a ocho años de cárcel.

En el robo a celular se establecerá la agravante con sanciones de dos a seis años de prisión, pues los ladrones no solo se llevan el aparato y provocan una afectación económica a la víctima sino también obtienen información personal.

La misma agravante, de dos a seis años de prisión, se aplicará cuando el robo se realice abordo de motocicleta por la ventaja de la sorpresa que tiene el delincuente frente a la víctima y la de cuenta habiente en cajero, banco o a la salida de la sucursal.

La extorsión, cuya pena va de cinco a 10 años de prisión, aumenta al doble cuando sea por parte de una autoridad o servidor público y de tres a ocho años cuando participe más de una persona armada o sea vía telefónica.

El delito de despojo se agrava con dos a cinco años de prisión cuando sea básico y de seis a 10 de pena privativa de la libertad cuando participen un servidor público o sea contra una persona de más de 60 años de edad.

La reincidencia delictiva que será tomada en cuenta por el juez para determinar el establecimiento de la sanción o el beneficio sustitutivo penal al infractor, en el caso de delitos graves aumenta hasta en dos terceras partes la sanción.

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— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 30, 2019