Un juez federal declaró ilegal la información bancaria obtenida por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) para la emisión de una orden de aprehensión en contra de Moisés Mansur Cysneiros, identificado como principal colaborador de Javier Duarte de Ochoa en los delitos por los que el ex gobernador fue llevado a juicio.

El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió la protección constitucional a Mansur Cysneiros, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, y ordenó dejar sin efectos la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal en la que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado a nueve años de prisión.

El mismo juez ordenó también devolverle un departamento ubicado en la colonia Polanco de la Alcadía Miguel Hidalgo, mismo que fue decomisado por la entonces PGR como parte de la sentencia que condenó a Javier Duarte, pues Mansur Cysneiros acreditó que lo adquirió en 2006 y no como parte del supuesto dinero ilícito de los desvíos atribuidos al ex gobernador.

En su sentencia, notificada este jueves, el juzgador indicó que la información bancaria en la que se basó la PGR para solicitar la orden de aprehensión contra Mansur es una prueba ilícita pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la obtuvo sin justificar que fue “para efectos fiscales”, como le exige la ley.

Dicha información forma parte de los datos de prueba con los que también se formuló acusación contra el ex mandatario veracruzano por desvio de recursos públicos por mil 670 millones de pesos a empresas fantasma creadas, supuestamente, por órdenes de Duarte.

Por ello, el juez ordenó volver a valorar los datos de prueba ofrecidos por la PGR, sin considerar la información bancaria por haber sido obtenida de manera ilícita, y resolver nuevamente sobre la orden de aprehensión solicitada contra Mansur.

Aunque la PGR, hoy Fiscalía, imputó inicialmente delincuencia organizada y lavado de dinero a Duarte, pactó con su defensa una acusación por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita a cambio de que el ex mandatario estatal se declare culpable y lleve su procedimiento de manera abreviada.

El asunto culminó en una sentencia por nueve años de prisión, el pago de una multa y la confiscación de diversos bienes que la PGR consideró fueron obtenidos como producto del lavado de dinero cometido por Duarte.