Desde el Curul///Congreso capitalino busca reformar código penal para sancionar a servidores públicos del MP que no abran carpetas de investigación

Congreso capitalino busca reformar código penal para sancionar a servidores públicos del MP que no abran carpetas de investigación.

Por Redacción QP

– En la Ciudad de México, el 90.1% de los delitos no se denuncian. INEGI

– “No pasó nada” dictamina el Ministerio Público a más del 50% de denuncias.

El Congreso capitalino busca mejorar la confianza que tienen las y los ciudadanos en los servidores públicos a través de una reforma al artículo 293 del código penal para el Distrito Federal, que plantea penalizar a aquellos servidores públicos que por actos de omisión no inicien carpetas de investigación.

En vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León promovió dicha reforma que tiene como objetivo establecer una sanción de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a los servidores públicos que se abstenga de iniciar una investigación cuando tengan conocimiento de un hecho que la ley señale como delito o inicie una investigación cuando no existan elementos para hacerlo.

Con relación a lo anterior, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2018 (ENVIPE) presentados por el INEGI, muestra que el 90.1% de los delitos cometidos en la ciudad no se denuncian. Asimismo, del total de averiguaciones previas iniciadas a nivel nacional por el Ministerio Público, en el 55.9% de los casos se dictaminó que no pasó nada o no se continuó con la investigación, es decir, que más de la mitad de los delitos que son denunciados en el país no son resueltos.

Cabe mencionar que entre las principales razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades en la Ciudad de México, destacan la pérdida de tiempo con el 40.4% y la desconfianza en la autoridad con el 18.8%. A lo anterior, se suma el hecho de que en la Ciudad de México, la inseguridad y la corrupción son los principales problemas detectados por el mismo informe.

Con la reforma, el diputado morenista busca que se garantice el derecho al acceso a la justicia previsto en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero que también debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Publico.

Rodríguez Díaz de León, recordó que el Ministerio Publico tiene la obligación de investigar y perseguir los actos delictivos y las investigaciones deben ser serias, imparciales y efectivas.
La actual reforma, plantea la penalización de aquellos actos u omisiones de los servidores públicos encargados de investigar y perseguir el delito que, al decidir abstenerse de iniciar una carpeta de investigación o al iniciarla sin contar con los elementos suficientes para hacerlo o lo hacen de forma negligente, afectan directamente los Derechos humanos de las personas y su garantía a la justicia.