Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que esta mañana presentó un amparo contra la orden de aprehensión solicitada en el caso Odebrecht en contra de su cliente, así como contra su esposa, hermana y mamá por presuntos sobornos de la constructora brasileña, y señaló que “con la familia no se mete uno”.

“No quiero opinar todavía hasta que no conozca cuál es la acusación, pero con todo respeto, con la familia no se mete uno”

La mañana de este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de la familia Lozoya y contra Nelly “A” -propietaria de la casa en Ixtapa Zihuatanejo que presuntamente Altos Hornos de México habría regalado a Lozoya- por sobornos de la constructora brasileña.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante indicó que estas órdenes de captura fueron algo que le sorprendió y que esperará a conocer con detalle las acusaciones que hay sobre sus representados.

“Acudí a poner el recurso de amparo, porque son herramientas que puedo utilizar. Fue algo que me sorprendió, no por Emilio, porque la carpeta -si es que viene de Odebrecht como dice la FGR- pues eso ya lo sabíamos, teníamos conocimiento, lo que me impacta es que en la carpeta que yo vi, que tengo copias, no aparece la hermana, la esposa, la mamá, ¿qué les pasa?”, dijo.

“No quiero opinar todavía hasta que no conozca cuál es la acusación, pero con todo respeto, con la familia no se mete uno. Si se quieren fregar a Emilio, pues ni modo, él fue funcionario público, ¿pero la familia, la esposa, la hermana, la mamá, una señora de 71 años de edad? Es algo injusto“, agregó.

“Acudí a poner el recurso de amparo, porque son herramientas que puedo utilizar. Fue algo que me sorprendió”

La FGR señaló que presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado “en forma tan criticable”.

“La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente”, indicó.