En el marco de la inminente discusión y aprobación del T-MEC, el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, recordó que en el capítulo 27 de este tratado, nuestro país adquiere compromisos específicos en materia de combate a la corrupción.

Estos lineamientos contemplan establecer o mejorar los mecanismos para prevenir los sobornos en el comercio internacional, evitar ventajas indebidas en materia de compras internacionales, capacitación a funcionarios públicos que se encuentran vulnerables a incurrir en actos de corrupción, así como legislar sobre la protección a denunciantes y testigos de corrupción.

Por ello, recordó que el pasado 7 de febrero de 2019, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa para crear la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción. Castañeda mencionó que a pesar de que la corrupción es el problema público más notorio de la vida del país, en el Gobierno Federal hay poca claridad de cómo combatirla.

La propuesta de Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción busca homologar a nivel nacional las medidas que garanticen la integridad personal, patrimonial y laboral de personas que denuncien actos de corrupción, ya sean servidores públicos o particulares, a través de la asistencia legal, la confidencialidad y la accesibilidad a los mecanismos de denuncia.

Con la aprobación de dicha iniciativa, se armonizaría con instrumentos anticorrupción de las Naciones Unidas y la OCDE, además de que con su aprobación se avanzaría en el cumplimiento de los compromisos adoptados en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mismo sobre el que el Gobierno mexicano busca acelerar su ratificación.

El Presidente de la Comisión de Anticorrupción comentó que el dictamen de la Ley de Testigos Protegidos está prácticamente listo para ser incluido en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Senadores en el que se ratifique el T-MEC

Finalmente, el Senador por Jalisco declaró que con esta ley se fortalece y consolida el Sistema Nacional Anticorrupción, al dotarlo de nuevas herramientas para el impulso de la política nacional de denuncia y combate a la corrupción.