Este miércoles fue detenido en Texas, Estados Unidos, Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, para efectos de ser extraditado a territorio mexicano.

Lo anterior con el fin de responder a las órdenes de aprehensión y procesos judiciales iniciados en su contra en territorio nacional, así lo informó Javier Navarro Velasco, síndico del concurso mercantil de la extinta Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

“Habremos de esperar más información sobre el tiempo y condiciones en que deberá darse cumplimiento a la orden de extradición, así como también la forma que habrá de continuar el proceso iniciado en su contra en la ciudad de Miami, Florida”, indicó Navarro en un comunicado.

También queda pendiente el análisis de la calidad migratoria con la que ingresó a Estados Unidos y los medios de defensa que pueda oponer,, por lo que el proceso podría llevar tiempo para ser cumplimentado.

“Mantendremos informados a todos los acreedores de los avances y la información que vaya surgiendo en relación a nuestro caso”, agregó Navarro.

Conflicto añejo

El 7 de noviembre del año pasado se cumplieron cuatro años de que estalló la crisis de Ficrea, al ser intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al destaparse un fraude por un monto superior a 6 mil 500 millones de pesos realizado a través de triangulación de recursos mediante empresas de Rafael Olvera.

A cuatro años y medio, se habían presentado al menos 100 denuncias relacionadas al caso, sin que hasta el momento se haya determinado a algún responsable por la afectación de más de seis mil ahorradores.

En ese camino los afectados, en su mayoría adultos mayores, han desistido en el proceso para que les regresen su dinero.

Se calcula que apenas 5% de los defraudados, es decir alrededor de 300 clientes de Ficrea, siguen involucrados en procesos legales con la finalidad de recuperar un monto aproximado de 800 millones de pesos.

Hasta el cierre del año pasado se habían vendido solamente tres inmuebles de un total de 29 recuperados y que conformaban una lista de bienes propiedad de Olvera, con los que se buscaba recuperar al menos 130 millones de pesos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se revelaron al menos dos casos más de irregularidades y negocios fallidos se presentaron bajo esta figura.

Además de Ficrea, las firmas Alta y Proyecto Coincidir incumplieron sus compromisos con sus clientes e inversionistas. En el primer caso, han trascurrido más de tres años y los dueños, Luis López Panadero y Salvador Abascal, ofrecen pagar únicamente 1% de una deuda superior a 4 mil millones de pesos.

En el caso de la firma Coincidir, a finales del año pasado Banorte y Afirme adquirieron la cartera de la microfinanciera, con lo que se esperaba liquidar a sus más de 2 mil clientes.

En octubre del año pasado, el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, advirtió que es urgente cambiar la norma regulatoria de las Sofipos, así como limitar las cantidades de dinero que se depositan en ellas.

“La ley no puede seguir así. No ha servido y se necesita topar la captación, que no haya cuentas de 3 o 4 millones de pesos”, alertó.