Los coordinadores parlamentarios Verónica Juárez, del PRD, Juan Carlos Romero Hicks del PAN, Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano y René Juárez del PRI, exigen que se investigue de forma inmediata la red de empresas ligadas al delegado de programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí, y sus ventas de farmacéuticos sin licitación de forma directa a los gobiernos estatales y dependencias gubernamentales del ámbito federal.

De acuerdo a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí estaba relacionado con empresas farmacéúticas que han sido beneficiadas por contratos de gobierno.

“El tema no es partidista, ni de ‘grilla’ o ‘politiquería’ como ha sido calificado, sino de respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños como delegado federal en el estado de Jalisco, con el manejo de recursos públicos y de programas sociales”, expresan los parlamentarios en un comunicado.

El exhorto dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador le reclama directamente: “Si en serio busca acabar con el nexo entre empresarios y políticos, cuenta nuestra convicción de atender este grave problema. Pero si no esclarece el de su propio colaborador y pretende continuar favoreciendo empresarios, estaremos enfrente, como en este caso, denunciando la falta de transparencia que en este país nos lleva a casos de corrupción”.

De acuerdo a la investigación publicada esta semana, Carlos Lomelí Bolaños declaró tener relación solamente con cuatro empresas en su 3de3 en 2018, omitiendo su participación en otras cinco que se enlistan en el trabajo periodístico que comparten en su estructura a once familiares y colaboradores cercanos al delegado, además de direcciones fiscales según el Registro Público de Comercio.

“El Gobierno Federal debe explicar el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor de este mismo ámbito de gobierno y en varias entidades de la República. El señor Carlos Lomelí no puede seguir siendo funcionario público en tanto sea proveedor activo y vigente de los gobiernos federal y estatales”, reclaman en el escrito los legisladores.