La sombra del Ejército Popular Revolucionario sobre Ulises Ruiz

Por Israel Mendoza

La sentencia judicial que ordena la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en cuarteles militares y la comparecencia de mandos castrenses se convirtió en un golpe inesperado para Ulises Ruiz Ortiz, aspirante a dirigir el PRI y exgobernador de Oaxaca.

Hace 12 años, Reyes Amaya y Cruz Sánchez, fueron desaparecidos en Oaxaca en el contexto de la tensión política del magisterio y durante el gobierno del priísta quien debe tener la información elemental del momento de la detención. De lo contrario queda en evidencia que se trató de un gobernador desinformado o cómplice por omisión.

Desde ese momento, el EPR se ha movido en dos vertientes, de acuerdo con su estrategia de acción político-militar y la propagandística. Por un lado, la lucha y la crítica a los gobiernos federales desde Felipe Calderón Hinojosa al de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y la intensa búsqueda de sus militantes que pertenecen a una de las facciones de poder y control del grupo armado.

Justo ahora que el exgobernador de Oaxaca se mueve en el interior del PRI para convertirse en el dirigente todopoderoso aparece esta sentencia judicial que lo pone en su lugar y lo llama a cuentas de una deuda moral en su tierra natal. Su mandato tuvo un pasado ominoso que lo persigue y no es el más optimista. A final de cuentas, Ruiz Ortiz conoce el caso ya que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe.

La sentencia del juzgado 4 de Distrito de Amparo en materia penal del Distrito Federal, la cual concede la demanda de amparo en favor de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ordena a diversas instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República, así como al gobierno de Oaxaca, realizar todas las diligencias necesarias para localizar a los dos desaparecidos, por lo cual se tendría que permitir el acceso a cualquier instalación militar donde se presuma puedan estar. La sentencia también obliga tomar declaración a todos los mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007, así como a los funcionarios del gobierno que encabezó Ulises Ruiz en Oaxaca. Además, obliga a reconocer y crear una comisión especial de búsqueda para este caso, así como una serie de medidas de satisfacción y reparación integral del daño.

La presencia de Ulises Ruiz en este momento en el escenario político trae un tufo que contamina su candidatura a la dirigencia del CEN priista. Desde la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez el 25 de mayo de 2007, el EPR se convirtió en la sombra del entonces gobernador. Por ello es que el revés a su política de control de cotos de poder aparece cuando menos lo deseaba.

Ruiz Ortiz no se encuentra en el mejor momento políticamente hablando ya que en el PRI adoptó el papel del rebelde y al exterior tiene una cauda de pendientes que en nada abonan a sus ambiciones de poder sobre el revolucionario institucional.

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