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21 May, 2019Después de conejo ido, pedradas al matorral
Por Mourisse Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México AC
¿Cómo se puede resolver el más grave problema del Estado mexicano, si de la peste se previene ahora la corrupción, pero no se ataca su vector: La impunidad?
El riesgo inminente para la nueva era parece ser la tentación del típico borrón y cuenta nueva.
Demos un cuadrante, según fuentes como el Instituto Mexicano para la Competitividad y la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad: Para 2017, el costo de la corrupción público-privada rondaba en un billón de pesos al año.
El dato se coloca vis a vis con el presupuesto anual de la Federación para compras o adquisiciones: Un billón de pesos.
La nueva administración federal ha dispuesto que las compras las concentre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Oficial Mayor de esa dependencia, Raquel Buenrostro acaba de revelar que, hasta el término del sexenio anterior, 80 por ciento de la partida etiquetada para compras federales fue asignado sólo a 1.5 por ciento del padrón de proveedores.
CompraNet, desde donde amigo vengo
El expediente obligado: El 11 de abril de 1997 se publicó el acuerdo por el cual se instituyó el sistema electrónico para registrar compras y adquisiciones del gobierno, según el cual su vigilancia estaría a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la Administración Pública de la Federación, siempre con base en la Ley Orgánica respectiva.
Sistema de compras, adquisiciones y arrendamientos del sector público, se le denominó, regido por la ley correspondiente de contrataciones y la de Obras Públicas. CompraNet fue el sitio electrónico expuesto a consulta pública.
Sistema oportuna y rigurosamente “purgado”
Para el sexenio de Vicente Fox, ya era un secreto a voces que dicha política se concentró en la Presidencia de la República. Hacia 2007, investigaciones académicas descubrieron que el sistema de cómputo de Los Pinos había sido purgado semanas antes de que el guanajuatense entregara la banda presidencial.
Para 2012, el control formal volvió a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De 2003 a 2018 desfilaron por la titularidad de la SFP Eduardo Romero Ramos, Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos. A días de entregar Los Pinos, Felipe Calderón, por razones de austeridad propuso la desaparición de esa secretaría.
La iniciativa no prosperó en el Congreso de la Unión y Enrique Peña Nieto mantuvo en el limbo la SFP, con un subsecretario encargado del despacho, Julián Oliva Ugalde.
Para ya saben qué Peña Nieto reactivó el armatoste protector, colocando en su titularidad a Virgilio Andrade, a quien sucedió la ex procuradora general Arely Gómez.
Una acerada tapadera sobre la cloaca
Para una función tan delicada, como es la gestión presupuestal y la vigilancia de los funcionarios que administran recursos públicos, ¿es explicable la incesante remoción de los titulares de la SFP, con una responsabilidad de un promedio de dos años?
Si sólo para un ejercicio fiscal se hizo el hallazgo por el cual se tasó en un billón de pesos el costo de la corrupción público-privada, lo obvio es que la secretaría de marras fue usada nomás como tapadera de bellacos.
A partir de diciembre de 2018, la facultad de controlar contrataciones, compras y adquisiciones queda en la cancha de Hacienda federal, que tiene en su estructura la Unidad de Inteligencia Financiera, a la que administraciones anteriores dejaron mellada.
Puesto que la línea para el sexenio, es asumir políticas preventivas contra la corrupción, nos queda la sospecha de que, después de conejo ido, pedradas al matorral. Corrupto asunto.
