La Comisión Estatal de Derechos Humanos habría determinado que existen elementos suficientes para acreditar actos de tortura por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz, por lo que emitió la recomendación 25/2019.

Entre los elementos de prueba que presenta dicha Comisión se encuentran informes realizados por la propia Fiscalía, entrevista con testigos y entrevistas a la víctima, además, especialistas externos realizaron al solicitante valoraciones físicas y psicológicas de acuerdo a estándares internacionales determinados por la ONU (Protocolo de Estambul).

De acuerdo con la investigación, durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Eduardo Coronel Gamboa, que en ese entonces se desempeñaba como Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y que actualmente labora Fiscal Regional en Xalapa, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo en la ciudad de Xalapa sin dejar constancia en los filtros de seguridad con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura.

Se hizo la encomienda de investigar a los servidores públicos señalados para determinar sus responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a su participación pues la tortura es considerada como un delito grave por el derecho internacional.

Coronel Gamboa ha sido señalado por colectivos de familiares de personas desaparecidas de ineficiencia, y actitud prepotente “y cuál es la prisa si están desaparecidos” respondió en alguna ocasión a las familias, además ha sido evidenciado en medios de comunicación por negociar la liberación de funcionarios ligados a Javier Duarte.