Por Redacción QP
El gobierno estadounidense bloqueó todas los bienes e intereses de Jorge Arreaza y Carol Padilla, cercanos al presidente Maduro
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y contra la jueza Carol Padilla, cercanos al presidente Nicolás Maduro.
“Estados Unidos no se mantendrá impasible, mirando cómo el régimen ilegítimo de Maduro priva al pueblo de su riqueza, humanidad, y de su derecho a la democracia”, señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Detalló que las sanciones contra Arreaza y Padilla consisten en el bloqueo de todos sus bienes e intereses, y cualquier propiedad que tengan de manera directa o indirecta en un porcentaje del 50 por ciento o más, que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o control de personas en este país norteamericano.
Agregó que todos los bienes deberán ser reportados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Reiteró que estas medidas no tienen que ser permanentes y tienen como fin “un cambio del comportamiento”.
El Departamento del Tesoro advirtió que continuará “atacando a los intereses corruptos de Maduro, incluidos a los encargados de dirigir la diplomacia y de hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo”.
“Esta administración está con el pueblo venezolano, y junto a una coalición internacional comprometida a señalar a los responsables del trágico declive de Venezuela”, afirmó el Departamento del Tesoro.
Carol Padilla, es jueza del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas, y está a cargo del caso de Roberto Marrero, considerado como preso político, ya que es un cercano colaborador del juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente interno de Venezuela, luego se sumaron unos 50 países, y desde entonces el gobierno estadounidense ha implementado una serie de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, como las sanciones impuestas al menos a 70 funcionarios y a entidades bancarias y empresas estatales.