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Por Redacción QP
Congresistas de la capital exhortaron a diversas autoridades del Gobierno federal, así como a los titulares de las 16 alcaldías llevar a cabo operativos en la vía pública, con el propósito de abatir el mercado ilegal de medicamentos.
Ante el pleno del Congreso local, la diputada Guadalupe Aguilar Solache mencionó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente ocurren más de 700 mil defunciones en el mundo por el consumo de fármacos ilícitos, negocio que deja una ganancia ilegal de 35 mil millones de dólares.
“Es sabido que una vez pasada la fecha de vencimiento, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa en el organismo”, advirtió la legisladora del grupo parlamentario de MORENA.
En el caso de México, la congresista mencionó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) considera medicinas ilegales a la producción sin el cumplimiento de la regulación sanitaria, muestras médicas en venta y caducidad vencida.
Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica la falsificación de fármacos y su comercio ilegal dejan al crimen organizado ganancias por más de 11 mil millones de pesos anuales, por lo que México ocupa el sexto lugar en la venta de esos productos por debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.
De igual manera, mencionó que de acuerdo con expertos de la UNAM el consumo de medicamentos caducos, apócrifos o que no son conservados con las medidas adecuadas “pone severamente en riesgo la salud de las personas”.
Hizo ver que estadísticas oficiales revelan que las entidades donde mayor cantidad de producto apócrifo y hurtado fue comercializado en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla, Chiapas, Veracruz y Guanajuato, entre otras.
Por lo anterior, urgió al pleno del Congreso de la Ciudad de México implementar acciones inmediatas que permitan garantizar el derecho humano a la salud.
El exhorto fue para la Cofepris, la Fiscalía General de la República; la Procuraduría Federal del Consumidor; el Servicio de Administración Tributaria; y las 16 alcaldías.
