EL CONGRESO CDMX AVALA LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

EL CONGRESO CDMX AVALA LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Por Redacción QP

En votación dividida, 51 a favor, ocho en contra y una
abstención, los legisladores locales de las distintas fracciones
parlamentarias aprobaron las reformas al artículo 19 de la Carta Magna

Son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa:
delincuencia organizada,  abuso sexual contra menores, feminicidio,
trata de personas, desaparición forzada, corrupción con
enriquecimiento ilícito, robo al transporte de carga, y delitos en
materia de hidrocarburos, entre otros.

Como una forma de contribuir a fortalecer el sistema penal, combatir la
inseguridad, evitar la impunidad y la evasión de la justicia, el pleno
del Congreso de la Ciudad de México aprobó en votación dividida la
reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves que
ameritan la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.

Al presentar el dictamen para aprobar las modificaciones al artículo 19
de la Carta Magna planteadas por el Congreso de la Unión, el diputado
Eduardo Santillán Pérez, a nombre de las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y
Procuración de Justicia, se manifestó a favor de esta reforma.

El legislador de MORENA explicó que los delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa son: el abuso o violencia sexual contra menores;
delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio, violación;
secuestro; trata de personas; robo de casa habitación; uso de programas
sociales con fines electorales; corrupción con enriquecimiento
ilícito, y ejercicio abusivo de funciones.

También: robo al transporte de carga; delitos en materia de
hidrocarburos; desaparición forzada de personas; desaparición cometida
por particulares; delitos cometidos por medios violentos, como armas y
explosivos; delitos cometidos con armas y explosivos de uso exclusivo
del Ejército, así como los delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación.

En sesión especial del Congreso local, el diputado presidente de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia señaló que
esta reforma constitucional representa la primera evaluación a
profundidad que se hace a partir de la implementación del nuevo sistema
penal acusatorio.

Santillán Pérez destacó el feminicidio, abuso sexual, robo a casa
habitación, delitos con uso de armas de fuego exclusivo del Ejército,
uso político de programas sociales, enriquecimiento ilícito y robo de
combustibles (_huachicoleo_) como delitos que dañan gravemente a la
sociedad y requieren la prisión preventiva oficiosa.

“Las personas que son imputadas por estos delitos, evidentemente
tienen un alto grado de peligrosidad y una alta probabilidad de
pretender evadirse de la acción de la justicia. Por lo tanto, en estos
casos el Estado, para salvaguardar la integridad de la sociedad en su
conjunto, y la presunción de inocencia, garantiza que estas personas
puedan llevar a cabo su proceso privadas de la libertad a través de
esta importante figura de la prisión preventiva oficiosa”,
argumentó.

El diputado de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, Miguel
Ángel Álvarez Melo dijo estar a favor de esta reforma y aseguró que
los delitos contenidos en este catálogo atienden a una demanda
ciudadana y de ninguna manera atentan contra el sistema garantista.

“Atienden a una necesidad y preocupación social que quedó pendiente
desde años atrás, sancionar las prácticas de corrupción, fraude
electoral y uso indebido de programas sociales; por tanto, se busca
proteger los procesos electorales, la rectitud del Estado, la honradez
de los servidores públicos y la tutela de los recursos energéticos de
la nación, la libertad y la protección del menor”.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada
Alessandra Rojo de la Vega señaló que después de un proceso en el que
se escucharon las voces de especialistas en la materia, “hoy tenemos
la responsabilidad de validar una reforma que se centra en delitos que
ameritarán la imposición de prisión preventiva para aquellos que
realicen una serie de conductas que han impactado y han generado en la
sociedad una sensación de injusticia e impunidad en la sociedad”.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel
Ángel Salazar aseguró tener muy claros los retos que enfrenta el
Estado, en materia de seguridad y violencia, mismos que deben
enfrentarse de acuerdo a lo establecido en materia de derechos humanos,
por lo que destacó la importancia de cuestionarse sobre si la
iniciativa que propone la prisión preventiva, violenta la presunción
de inocencia.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Circe Camacho Bastida
afirmó estar consciente de que esta medida requiere “un tiempo
prudente para su realización. Tenemos clara la situación de
inseguridad por la que atraviesa nuestro país y las demandas ciudadanas
que piden evitar que las personas que comenten aquellos delitos que más
afectan a la sociedad, sigan en libertad”.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, se pronunció en contra de
este dictamen, con el que se pasa de siete a 16 delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa, pero señaló que dentro de su grupo
parlamentario el voto sería diferenciado.

El diputado Christian Von Roehrich de la Isla, del PAN, fracción
parlamentaria que también tuvo voto diferenciado, se manifestó a favor
de este dictamen, por ser una forma de combatir los altos índices
delictivos, que se han convertido en un “flagelo social”. Asimismo,
llamó a los integrantes del Poder Judicial a evitar la fabricación de
culpables y la violación de los derechos humanos de los inculpados.

Por parte de MORENA, el diputado Eduardo Santillán subió nuevamente a
tribuna, y aseguró que con las modificaciones al artículo 19 se busca
disminuir la comisión de delitos y reforzar el respeto a la ley y el
derecho a la seguridad de la ciudadanía, al lograr que el Estado
mexicano cuente con más elementos para combatir la delincuencia.

Antes de la votación, los diputados Jorge Triana Tena (PAN) y Jorge
Gaviño Ambriz (PRD) subieron a tribuna para hablar en contra de este
dictamen. Coincidieron en que éste “representa un retroceso al
sistema de impartición de justicia, por afectar los derechos humanos de
los acusados”.

Los legisladores Héctor Barrera Marmolejo (PAN), Carlos Hernández
Mirón (MORENA) y Evelyn Parra Álvarez (PRD) argumentaron a favor de
esta reforma, “por contribuir a la seguridad y tranquilidad de la
población”. Asimismo, los diputados Nazario Norberto Sánchez y
Alberto Martínez Urincho, ambos de MORENA, subieron a tribuna para
razonar su voto, manifestándose también a favor de las modificaciones.

El dictamen fue aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de
México, con 51 votos a favor, ocho en contra y una abstención.