El diputado federal, Antonio Ortega Martínez, advirtió que las omisiones y desconocimiento del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, propiciarán apercibimientos internacionales contra el gobierno Mexicano por los proyectos de la termoeléctrica de Morelos y el Tren Maya, que violan convenios establecidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas.

Ortega Martínez destacó que el presidente Lopez Obrador está violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al no atender los temas de consultas libres e informadas, así como el respeto a la autodeterminación. Expuso, por ejemplo, que el gobierno mexicano está obligado a consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y -en particular- a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo cual no se ha cumplido.

También, dijo, el gobierno mexicano está vulnerando el compromiso de las consultas que, señala el texto, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Recordó que Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, ya hizo un llamado de alerta para priorizar las vías del diálogo, privilegiando la búsqueda de consensos tras el asesinato de Samir Flores, defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Amilcingo y opositor a la planta termoeléctrica de Huexca, Morelos, pues -a decir del funcionario- se ha detectado que uno de los factores de riesgo en el país, es “el desarrollo de proyectos sin respetar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, en línea con los estándares internacionales”.

El Legislador perredista indicó finalmente que ni en el caso de la Termoeléctrica ni en el Tren Maya, se está cumpliendo la norma por la que se establece que los pueblos interesados “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades”.