En un informe Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), alerta que en México persisten “los patrones de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas”, lo que incluye la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el feminicidio.
Por lo que llama al Estado mexicano a adoptar “medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres”.
Tres niñas han sido asesinadas con extrema violencia tan sólo en el mes de julio en México. Dos de ellas fueron secuestradas, luego asesinadas y sus cuerpos abandonados a la intemperie. La otra fue apuñalada al interior de su habitación en Tamaulipas. Y también al menos dos fueron violadas. Los casos han conmocionado al país.
En este contexto, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano donde lo llama a tomar “medidas urgentes” para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas en el país.
En un informe Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, emitido el pasado 20 de julio, la Convención alerta que persisten “los patrones de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas” en todo el territorio nacional, que incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el feminicidio.
Apenas ayer, un grupo de mujeres salió a las calles de Zacatecas para exigir justicia por el asesinato de una niña de nueve años, que había sido raptada días antes. Se trata del caso más reciente de tres registrados tan sólo en el último mes.
“Vivas nos queremos”, gritaron las manifestantes que portaron cruces blancas.
La movilización se registró luego del hallazgo del cuerpo de Juana, abandonado en un lote baldía en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, con signos de violencia sexual y el rostro destrozado. La niña había sido reportada como desaparecida por sus padres el pasado viernes y se había activado una Alerta Amber para su localización. Juana había salido a la tienda y ya no regresó a su casa.
Nueve días antes, el 17 de julio, en Tamaulipas, se informó del asesinato a puñaladas y degollada de una menor de siete años al interior de su cuarto, en un fraccionamiento de Altamira, Tamaulipas. Los padres encontraron a su hija en medio de un charco de sangre cuando fueron a su habitación a darle las buenas noches. La niña presuntamente también fue violada.
Días después trascendió que el presunto feminicida se suicidó colgándose de un árbol. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.
En tanto, el 16 de julio se activó Alerta Amber por la desaparición de Ana Lizbeth, de ocho años de edad, quien había desaparecido un día antes. El 17 de julio, el cuerpo de la menor fue hallado en un baldío de la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, en Nuevo León.
En su informe, la Convención de la ONU resalta que los crímenes contra las mujeres en México son a menudo perpetrados por actores estatales y no estatales, incluidos los grupos del crimen organizado.
Por lo que llama al Estado mexicano a adoptar “medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres”. Pide abordar “las causas fundamentales de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de la mujer”.
La CEDAW realiza las siguientes recomendaciones al Gobierno de México:
– Investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores de estos crímenes, incluidos los actores estatales y no estatales.
– Que asegure que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida sin violencia (de 2016).
– Que uniforme los protocolos de investigación policial sobre el feminicidio en todo el Estado y garantice la aplicación efectiva de disposiciones penales sobre el feminicidio.
– Que simplifique y armonice los procedimientos a nivel estatal para activar la alerta Amber y el protocolo Alba, y acelere la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
– Adoptar políticas y protocolos específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, el feminicidio y la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y el trabajo forzado.
– Garantizar que la Comisión de Atención a las Víctimas fortalezca su enfoque sensible al género.
– Evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género, asegurar su implementación y coordinación armonizada y extendida a nivel federal, estatal y municipal, y asegurar la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, defensores de género y derechos humanos y mujeres víctimas de violencia.
