La juez Leeda Ferrer Ruiz del Juzgado Tercero Penal, con sede en Villahermosa, concedió al ex gobernador de Tabasco, Andres Granier Melo, prisión domiciliaria, por lo que una vez que se concluyan los trámites, el tabasqueño será trasladado de la Torre Médica de Tepepan a su residencia, ubicada en cerrada de Cerro de la Miel, No. 26, colonia Romero de Terreros Pedregal, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Se advirtió en el resolutivo emitido esta noche que el ex mandatario no podrá salir de su casa al menos que sea para atención médica, afirmando el abogado defensor, Miguel Alberto Romero Pérez, que no se trata de una libertad absoluta sino que únicamente será trasladado a su domicilio.

“Se tienen que hacer todos los trámites para el traslado y esto es inmediato también, y acondicionar el lugar donde se quedará por las condiciones de salud; vamos a informar a nuestros compañeros para que se ellos se apersonen en Tepepan y pueda iniciar el traslado”, explicó.

Dijo que será el órgano federal denominado Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares, quien vigilará que su cliente cumpla con lo establecido en el dictamen emitido por el juez, asegurando el abogado que no se le colocará ningún brazalete al ex mandatario de Tabasco.

El pasado 8 de enero, Granier Melo logró que el juez cuarto de distrito le concediera la Prisión Preventiva Domiciliaria, sin embargo como tenía un proceso local, sólo faltaba que la autoridad estatal emitiera su fallo y ahora, ya no tiene impedimentos para irse a su casa.

El ex mandatario tabasqueño, Andrés Granier Melo, fue detenido y encarcelado por el delito de evasión fiscal en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en junio de 2013, pero debido a su grave estado de salud sus abogados solicitaron su trasladado al centro médico del Reclusorio Femenil Tepepan, donde pasa sus últimas horas.

Es importante mencionar que en marzo de 2018, la juez tercero penal de Tabasco, Guadalupe Cadenas Sánchez, lo condenó a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de peculado, así como la reparación del daño al erario por 196 millones de pesos.