El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno Cárdenas, entregó a la Junta de Coordinación Política de la Canara de Diputados una propuesta de modificaciones al dictamen para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional, en la que plantea que por cinco años el mando de la misma sea civil y si no cesa la crisis de violencia, entonces quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Contrario a lo que plantea el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que por los primeros cinco años de vida la Guardia Nacional tenga un mando operativo en la Sedena y luego pase a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, los gobernadores plantean la incorporación del nuevo cuerpo de seguridad a la Sedena en caso de no resolver el problema de seguridad en el país.

En el transitorio quinto de la propuesta de los gobernadores se especifica que “en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 5 años, como excepción a lo dispuesto en los artículos 21, párrafo décimo segundo, y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa Nacional”.

Y es en el artículo 21 que pretenden dejar en claro que la Guardia Nacional es de carácter civil, al incluirla como una institución de seguridad pública; y especifican que este nuevo cuerpo deberá coordinarse con el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres niveles.

En el documento, los gobernadores también proponen especificar que la investigación de delitos corresponde únicamente al Ministerio Público, con el apoyo de las policías y la Guardia Nacional, mismas que siempre actuarán bajo conducción jurídica del mismo.

“La Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su integridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación”, agregan los gobernadores.

En los artículos transitorios, la Conago propone que las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, su ley orgánica y la de regulación del uso de la fuerza, sean expedidas por el Congreso de la Unión en los 60 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas constitucionales y no en 90 días, como lo propone el dictamen de la Comisión.