El Quehacer Político a través de la opinión del Lic Eden Lozano Meza desde la Cámara Alta///COLIMA RUMBO A 2027
Por Lic Eden Lozano Meza
¿ES VIRGILIO MENDOZA LA MEJOR OPCIÓN PARA GOBERNAR?
La elección de gobernador en Colima todavía no llega, pero la discusión sobre quién debe conducir el futuro del estado comienza a ocupar un espacio importante en la vida política, entre alianzas partidistas, aspiraciones personales y decisiones tomadas desde las dirigencias nacionales, existe una pregunta que debería interesar mucho más a los ciudadanos, qué características necesita tener la persona que aspire a gobernar Colima y cómo puede comprobarse que cuenta con la experiencia, el conocimiento y la capacidad para enfrentar los problemas que afectan a sus habitantes. No se trata únicamente de identificar quién tiene mayor trayectoria política o quién aparece con más frecuencia en los medios de comunicación, sino de examinar qué ha hecho durante sus responsabilidades públicas y qué relación existe entre esas acciones y las necesidades actuales del estado.
En ese contexto surge una interrogante que merece analizarse sin convertirla en una afirmación anticipada, ¿es Virgilio Mendoza Amezcua la mejor opción para gobernar Colima? La pregunta resulta pertinente porque se trata de un político que ha ocupado la presidencia municipal de Manzanillo en dos ocasiones, ha sido diputado federal y actualmente representa a Colima en el Senado de la República, una trayectoria que permite examinar su experiencia desde distintos niveles de gobierno, pero que también obliga a distinguir entre conocer la administración municipal, participar en la elaboración de leyes federales y asumir la responsabilidad de dirigir un estado completo. Los tres ámbitos tienen relación entre sí, aunque sus atribuciones, recursos y obligaciones son diferentes.
Para comenzar, debemos preguntarnos qué significa realmente conocer a un pueblo, porque en la política mexicana esta expresión se utiliza con tanta frecuencia que muchas veces termina perdiendo su verdadero sentido. Conocer a la población no consiste solamente en recorrer colonias, saludar comerciantes, participar en reuniones o visitar comunidades durante una campaña electoral, significa entender por qué una familia tiene dificultades para pagar sus gastos, por qué un joven abandona sus estudios para trabajar, por qué un municipio carece de recursos suficientes para mantener sus calles y servicios, o por qué una actividad económica tan importante como la portuaria puede coexistir con necesidades urbanas que siguen sin resolverse.
Virgilio Mendoza cuenta con una experiencia concreta en Manzanillo, donde desempeñó la responsabilidad de presidente municipal en dos ocasiones, lo que supone haber enfrentado decisiones administrativas, demandas ciudadanas y problemas relacionados con el funcionamiento de los servicios públicos. Ese antecedente permite analizar su conocimiento de una de las ciudades más importantes de Colima, aunque no sería suficiente para concluir que conoce de la misma manera las necesidades de todo el estado, porque la realidad de Manzanillo es distinta a la de Tecomán, Armería, Comala, Cuauhtémoc o los demás municipios. El conocimiento territorial debe construirse también mediante el contacto con las comunidades y la comprensión de sus actividades económicas, condiciones sociales y necesidades particulares.
La diferencia es importante porque Colima no enfrenta un solo problema ni requiere una única solución. En algunos municipios, la prioridad puede encontrarse en el fortalecimiento de la actividad agrícola, en otros, en la infraestructura urbana, la disponibilidad de agua, la movilidad o las oportunidades de empleo, mientras que la seguridad constituye una preocupación que atraviesa buena parte de la vida cotidiana. Por eso, la experiencia de un aspirante a gobernador debe examinarse no solamente por los lugares donde ha ejercido un cargo, sino por su capacidad para comprender las necesidades de municipios que tienen condiciones distintas y requieren decisiones específicas.
Otro elemento que merece atención es la actividad legislativa de Mendoza, porque actualmente ocupa un escaño en el Senado, institución encargada de participar en la elaboración de leyes federales y en decisiones de importancia nacional. En la consulta del portal oficial del Senado correspondiente al 14 de octubre de 2026 aparecen 141 iniciativas asociadas a su actividad parlamentaria, una cifra que incluye propuestas individuales y otras suscritas conjuntamente con distintos legisladores. El dato es relevante para conocer la amplitud de su participación, pero también debe interpretarse correctamente, porque una iniciativa es una propuesta de modificación legal y no significa que ya haya sido aprobada ni que haya producido beneficios concretos para la población.
Esta distinción es fundamental para evaluar a cualquier legislador, pues presentar muchas iniciativas puede demostrar actividad parlamentaria, pero no permite conocer por sí solo su impacto. Para determinar qué tan útil ha sido ese trabajo es necesario revisar qué problemas buscan resolver las propuestas, cuáles han avanzado en el procedimiento legislativo, cuáles han recibido modificaciones y cuáles finalmente se han convertido en disposiciones aplicables.
También debe considerarse su participación en las comisiones legislativas, que son los espacios donde los senadores estudian las iniciativas antes de que puedan discutirse y votarse. Mendoza se desempeña como secretario de las comisiones de Marina y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, además de participar en las de Economía, Energía, Desarrollo Regional, Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica, Defensa de los Consumidores y Relaciones Exteriores, Europa, así como en una comisión especial relacionada con Altos Hornos de México. Estas responsabilidades abarcan materias vinculadas con la actividad económica, los servicios públicos, el comercio y las relaciones internacionales, aunque integrar una comisión no significa administrar directamente esos sectores ni tener la facultad de resolver sus problemas de manera individual.
La relación con Colima se vuelve especialmente visible cuando se observa el papel del puerto de Manzanillo, una infraestructura estratégica para el comercio nacional que genera movimiento de mercancías, empleo y actividad económica, pero que también produce necesidades de inversión en vialidades, movilidad, servicios y protección ambiental. Esta situación plantea una pregunta que debería formar parte de cualquier discusión sobre el desarrollo estatal, ¿cómo conseguir que la importancia económica del puerto se refleje en mejores condiciones para la ciudad y sus habitantes?, sin perder de vista que su funcionamiento involucra competencias federales, estatales y municipales.
Una de las iniciativas impulsadas por Mendoza propone establecer un fondo para municipios portuarios mediante un derecho relacionado con el movimiento de mercancías importadas, con la intención de generar recursos destinados a atender infraestructura, movilidad, seguridad y consecuencias ambientales de la actividad portuaria. La propuesta permite identificar un problema concreto, los municipios donde se concentra una actividad económica de gran escala deben atender necesidades que pueden superar sus capacidades financieras, aunque la viabilidad del mecanismo propuesto requiere una revisión jurídica, presupuestal y fiscal antes de que pueda considerarse una solución aplicable.
En una línea semejante se encuentra su propuesta de modificar la Ley de Coordinación Fiscal para revisar la distribución de recursos vinculados con las aduanas de mayor recaudación. Para el ciudadano que no está familiarizado con esta materia, el problema puede explicarse de manera sencilla, los municipios necesitan dinero para prestar servicios, mantener infraestructura y atender las necesidades de sus habitantes, pero una parte de los recursos que reciben depende de reglas establecidas a nivel federal. Modificar esas reglas puede representar oportunidades de financiamiento, aunque también exige estudiar cómo afectaría la distribución de recursos entre distintas localidades y cuáles serían las consecuencias para las finanzas públicas.
Estas iniciativas permiten examinar una preocupación relacionada con la actividad económica de Manzanillo, pero también plantean un desafío que cualquier aspirante a gobernar Colima tendría que enfrentar, convertir las ventajas económicas del estado en beneficios más amplios para su población. El crecimiento de una actividad productiva no garantiza automáticamente mejores servicios públicos, empleos bien remunerados o infraestructura suficiente, por lo que las decisiones gubernamentales deben considerar tanto la generación de riqueza como la manera en que sus beneficios y costos se distribuyen entre la sociedad.
La agenda legislativa de Mendoza también comprende asuntos relacionados con los jóvenes, el empleo y la protección de derechos, entre ellos una propuesta orientada a facilitar que los estudiantes puedan compatibilizar sus horarios laborales con sus responsabilidades académicas. El problema resulta cercano para muchas familias, porque existen jóvenes que necesitan trabajar para pagar sus estudios o contribuir a los gastos del hogar y que, ante la incompatibilidad de horarios, pueden verse obligados a abandonar su preparación. El planteamiento busca atender una de esas dificultades, aunque para conocer sus posibles resultados también sería necesario revisar las obligaciones que establecería para los empleadores y las condiciones para su aplicación.
Otras propuestas en las que ha participado abordan la inclusión laboral de personas con discapacidad, la salud mental, la protección digital de niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de servicios municipales como el agua potable y el alumbrado público. Son asuntos que tienen relación directa con la vida cotidiana y que muestran la diversidad de temas presentes en su actividad parlamentaria, pero su análisis debe ir acompañado de una pregunta adicional, ¿cuáles de esas propuestas han logrado avanzar y qué medidas concretas podrían aplicarse desde un gobierno estatal?, porque no todas las materias dependen de las mismas autoridades ni pueden resolverse mediante una sola reforma legal.
LA DIFERENCIA ENTRE LEGISLAR Y GOBERNAR ES UNO DE LOS PUNTOS CENTRALES DE ESTA DISCUSIÓN.
Un senador participa en la elaboración de leyes y en decisiones del Congreso en beneficio de los ciudadanos, mientras que un gobernador debe administrar recursos, dirigir dependencias, coordinar políticas públicas y responder por el funcionamiento de la administración estatal. Esto significa que una persona puede tener experiencia legislativa y conocimiento de determinados problemas sin que ello permita anticipar automáticamente los resultados de una eventual gestión gubernamental. Para evaluar una propuesta de gobierno también es necesario conocer sus prioridades, sus mecanismos de ejecución, las fuentes de financiamiento y la forma en que rendiría cuentas a la ciudadanía.
En Colima, esa exigencia adquiere una importancia particular frente a los desafíos de seguridad, desarrollo económico y servicios públicos. No basta con prometer mejores condiciones para la población, cualquier proyecto estatal tendría que explicar cómo coordinaría sus acciones con la Federación y los municipios, qué decisiones podrían adoptarse desde el gobierno local, cuáles requieren recursos adicionales y cómo se medirían los avances. La experiencia previa de Mendoza permite formular preguntas sobre su trayectoria administrativa y legislativa, pero las respuestas sobre un eventual proyecto estatal dependerían de propuestas específicas y de compromisos que puedan examinarse públicamente.
A esta discusión se suma el escenario partidista rumbo a 2027, donde las decisiones sobre alianzas y candidaturas pueden modificar las condiciones de competencia electoral. Sin embargo, conviene separar las estrategias de los partidos de las necesidades de los ciudadanos.
Las diferencias entre dirigentes, los acuerdos nacionales y las negociaciones electorales tienen importancia para entender el proceso político, aunque no sustituyen la obligación de explicar cómo se pretende atender los problemas de Colima.
La pregunta sobre si Virgilio Mendoza conoce a su pueblo, por tanto, no puede responderse únicamente a partir de su trayectoria en Manzanillo, así como tampoco puede resolverse la cuestión de su experiencia mediante la enumeración de cargos públicos. Sus antecedentes municipales y legislativos ofrecen elementos verificables para analizar su participación en asuntos relacionados con el desarrollo económico, los servicios públicos y la protección de derechos, pero una evaluación completa también requiere revisar los resultados de sus administraciones anteriores, el seguimiento de sus iniciativas y la manera en que sus propuestas responderían a las necesidades de los diez municipios.
En cuanto a si representa la mejor opción para gobernar Colima, la respuesta no debería depender de una afirmación periodística ni de una campaña anticipada, sino de una comparación pública de propuestas, trayectorias, resultados y compromisos entre quienes eventualmente participen en la contienda. La experiencia constituye un elemento importante, pero también lo son la capacidad de ejecución, la transparencia, el conocimiento de los problemas y la posibilidad de explicar con claridad qué decisiones se tomarían desde el gobierno.
Colima necesita que la discusión rumbo a 2027 tenga un contenido más profundo que los nombres de los aspirantes o las alianzas de los partidos, porque elegir gobernador implica decidir quién administrará recursos públicos, coordinará instituciones y asumirá responsabilidades que afectan directamente la vida de las familias. El caso de Virgilio Mendoza permite abrir esa conversación desde su experiencia municipal y su actividad en el Senado.
La pregunta de fondo no es solamente quién conoce a Colima o quién acumula más años de experiencia política, sino quién puede demostrar qué ha hecho con las responsabilidades que ha tenido, qué ha aprendido de ellas y cómo pretende enfrentar los problemas que todavía permanecen sin solución. Ese debería ser el punto de partida para examinar a cualquier persona que aspire a gobernar el estado, porque el futuro de Colima merece una discusión basada en hechos, propuestas y resultados, no únicamente en trayectorias personales o decisiones partidistas.
