El Quehacer Político a través de la opinión del Lic Eden Lozano Meza desde la Cámara Alta///EL CONGRESO APRUEBA LAS LEYES, PERO LOS CIUDADANOS PAGAN LAS CONSECUENCIAS
Por Lic Eden Lozano Meza
Entre comparecencias, reformas fiscales y nuevas obligaciones para los ciudadanos, el Congreso enfrenta una pregunta fundamental. ¿Está revisando realmente las decisiones del Gobierno o solamente reuniendo los votos necesarios para aprobarlas?
En México, buena parte de las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana se toman en espacios que pocas personas siguen de cerca, mientras la atención pública se concentra en las declaraciones de los políticos, el Congreso discute reformas que pueden modificar cuánto pagamos de impuestos, cómo utilizamos nuestro dinero, qué información tiene el Gobierno sobre nuestras propiedades y cuáles son nuestros derechos frente a las autoridades.
Esta semana, la Cámara de Diputados y el Senado avanzaron en asuntos de enorme importancia, se discutieron los ingresos que tendrá el Gobierno federal en 2027, nuevas reglas fiscales, la modernización de los registros inmobiliarios y una propuesta para extender el uso de pagos electrónicos, al mismo tiempo, varios secretarios de Estado acudieron ante los legisladores para explicar los resultados de sus dependencias.
Todo esto forma parte de las responsabilidades normales del Congreso, sin embargo, existe una diferencia enorme entre cumplir un procedimiento y cumplir verdaderamente con la ciudadanía.
Una ley no es buena solamente porque fue aprobada por mayoría, una comparecencia no es útil solamente porque un funcionario acudió a responder preguntas y un presupuesto no es responsable únicamente porque sus cifras cuadran, lo importante es saber qué consecuencias tendrán esas decisiones y quién responderá cuando los resultados no sean los prometidos.
COMPARECER NO DEBERÍA SIGNIFICAR SOLAMENTE DEFENDER AL GOBIERNO
Durante las últimas semanas hemos observado un desfile de funcionarios federales ante las cámaras del Congreso, secretarios de Estado han presentado informes sobre seguridad, economía, relaciones exteriores y otras materias fundamentales para el país, para entender la importancia de estas reuniones, primero hay que explicar qué significa comparecer.
Una comparecencia es un ejercicio mediante el cual un funcionario acude ante los legisladores para informar sobre sus actividades y responder cuestionamientos, es una forma de control parlamentario, es decir, un mecanismo para que el Congreso vigile lo que hace el Gobierno.
Los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen bases para estos ejercicios, en teoría, las comparecencias deberían permitir identificar qué políticas están funcionando, cuáles presentan deficiencias y qué decisiones necesitan corregirse, en la práctica, muchas veces terminan convertidas en confrontaciones partidistas.
Los legisladores del partido gobernante suelen defender los resultados del Ejecutivo, la oposición concentra sus intervenciones en señalar errores, el funcionario responde, presenta estadísticas y abandona el recinto, después llegan los comunicados, las fotografías y los titulares, pero la pregunta importante permanece.
¿QUÉ HIZO EL CONGRESO CON LA INFORMACIÓN QUE RECIBIÓ?
Cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presenta cifras de decomisos, detenciones y operativos, los senadores deberían preguntarse también cuántas investigaciones concluyen en sentencias, qué resultados existen contra la extorsión y cuáles son los indicadores que demuestran una reducción efectiva de la violencia.
Cuando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explica la situación comercial de México frente a Estados Unidos, no basta con escuchar que las negociaciones avanzan, es necesario conocer qué sectores enfrentan mayores riesgos, cuáles son las consecuencias de las medidas arancelarias y cómo se protegerán los empleos nacionales.
Y cuando el secretario de Relaciones Exteriores informa sobre la atención consular a mexicanos en el extranjero, no es suficiente conocer el número de casos atendidos, también debería explicarse cuántos se resolvieron, cuáles permanecen pendientes y qué resultados concretos obtuvo la intervención del Gobierno.
LAS CIFRAS SON IMPORTANTES, PERO NECESITAN CONTEXTO.
Un gobierno puede anunciar miles de acciones sin demostrar necesariamente que resolvió el problema que pretendía atender.
El Congreso no está para aplaudir informes ni para organizar enfrentamientos políticos, está para exigir resultados, identificar deficiencias y utilizar sus facultades para corregirlas.
Si después de una comparecencia no existe seguimiento, la rendición de cuentas corre el riesgo de quedarse en un acto ceremonial.
EL DINERO DE 2027 Y LA RESPONSABILIDAD DE EXPLICAR QUIÉN PAGARÁ
El Paquete Económico es, probablemente, el conjunto de decisiones más importante que el Congreso tiene frente a sí durante este periodo.
La Cámara de Diputados avanzó en la discusión de la Ley de Ingresos de 2027, cuyo proyecto contempla aproximadamente 10.64 billones de pesos, dentro de esa cantidad se incluyen recursos provenientes de impuestos y autorizaciones de financiamiento público.
PARA COMPRENDER SU IMPORTANCIA, HAY QUE DISTINGUIR DOS CONCEPTOS.
La Ley de Ingresos determina de dónde podrá obtener dinero el Gobierno, el Presupuesto de Egresos establece para qué podrá utilizarlo.
El problema es que las discusiones suelen concentrarse en cifras enormes que parecen lejanas a la vida cotidiana, pero detrás de ellas se encuentran decisiones muy concretas.
Cuando el Gobierno recauda más, alguien está pagando, cuando contrata deuda, asume obligaciones que deberán cubrirse en el futuro y cuando asigna recursos a una dependencia, también está decidiendo qué otras necesidades recibirán menos atención, por eso, la responsabilidad de los diputados y senadores no puede limitarse a defender el paquete económico porque pertenece a su partido o rechazarlo porque proviene de sus adversarios, deben explicar si las estimaciones son realistas, cuánto costará el endeudamiento y cuáles serán los resultados esperados.
La discusión sobre los beneficios para regularizar adeudos fiscales también merece atención, una propuesta para reducir determinados accesorios de créditos fiscales puede facilitar la recuperación de recursos, pero exige justificar por qué unos contribuyentes recibirían beneficios y bajo qué condiciones, no se trata de castigar a quienes buscan ponerse al corriente, se trata de garantizar que las reglas sean transparentes y que no se premie injustificadamente el incumplimiento.
El dinero público no pertenece al Gobierno ni a los partidos políticos, proviene de la sociedad y debe administrarse para servirle.
CATASTRO, ADUANAS Y PAGOS DIGITALES, MODERNIZAR SIN ABUSAR
Tres proyectos legislativos permiten observar una tendencia importante, el Estado busca fortalecer sus mecanismos de información, supervisión y control sobre diferentes actividades económicas.
La legislación catastral y registral pretende mejorar la información relacionada con los inmuebles, esto puede facilitar trámites, reducir inconsistencias y brindar mayor certeza a quienes poseen una propiedad, pero también obliga a preguntarnos cómo se protegerán los datos patrimoniales de los ciudadanos y cuáles serán las consecuencias de actualizar la información de los catastros.
Conviene aclarar que una ley de armonización catastral no establece, por sí misma, un aumento general del impuesto predial, ese impuesto se encuentra dentro del ámbito de las haciendas municipales y de la legislación local correspondiente, sin embargo, la actualización de los valores inmobiliarios podría influir en contribuciones locales cuando las normas aplicables utilicen esos valores como referencia.
Por eso, afirmar que la reforma aumentará automáticamente el predial es tan impreciso como asegurar que nunca tendrá consecuencias económicas.
En materia aduanera, las reformas buscan combatir irregularidades como la subvaluación de mercancías y determinadas prácticas relacionadas con el contrabando, es indispensable proteger a los productores nacionales y evitar que quienes incumplen las reglas obtengan ventajas frente a las empresas que pagan correctamente sus contribuciones.
Pero las facultades de inspección, aseguramiento y sanción deben tener límites claros, combatir el fraude no justifica dejar a los importadores legítimos en una situación de incertidumbre.
ALGO SEMEJANTE OCURRE CON LA PROPUESTA PARA AMPLIAR LOS PAGOS DIGITALES.
La posibilidad de pagar mediante transferencias, tarjetas o códigos electrónicos facilita muchas operaciones, sin embargo, el problema aparece cuando la modernización puede transformarse en una obligación que afecte a quienes no tienen acceso a servicios bancarios o conectividad.
La propuesta todavía requiere completar su procedimiento legislativo y no debe confundirse con una prohibición general del efectivo, la modernización del Estado es necesaria, pero debe estar acompañada de límites legales, protección de datos personales y mecanismos de defensa para los ciudadanos, una ley que promete simplificar la vida de las personas no debería terminar complicándola.
DERECHOS LABORALES QUE DEBEN CUMPLIRSE, NO SOLAMENTE ANUNCIARSE
El Senado también avanzó en comisiones en propuestas relacionadas con la desconexión digital y la transparencia salarial.
La primera busca proteger el descanso de las personas trabajadoras frente a llamadas, mensajes e instrucciones que reciben fuera de su jornada laboral, la segunda pretende que las ofertas de empleo informen con mayor claridad los rangos salariales, son asuntos cercanos a la vida cotidiana.
Pero hay un aspecto que merece explicarse, la Ley Federal del Trabajo ya reconoce el derecho a la desconexión para quienes laboran bajo la modalidad de teletrabajo, en su artículo 330-E, también establece principios de igualdad salarial, las nuevas propuestas buscan ampliar o desarrollar esas protecciones, por tanto, la discusión no debería concentrarse únicamente en anunciar que se están creando nuevos derechos, sino en explicar qué cambia respecto de la legislación existente y cómo podrán exigirse esas obligaciones.
De poco sirve prohibir que un empleador exija respuestas fuera de la jornada si la persona trabajadora teme perder su empleo al negarse, de poco sirve exigir transparencia salarial si no existen mecanismos para impedir prácticas discriminatorias.
Legislar también significa garantizar que las normas puedan cumplirse y que las personas tengan medios efectivos para defender sus derechos.
FEMINICIDIO, CUANDO EL CONGRESO TIENE UNA OBLIGACIÓN QUE NO PUEDE POSPONER INDEFINIDAMENTE
Entre los asuntos pendientes destaca la legislación general en materia de feminicidio.
Su importancia no radica únicamente en establecer sanciones penales, también debe contribuir a mejorar la investigación de los delitos, la coordinación entre autoridades, la protección de las víctimas y la atención a sus familias.
La reforma constitucional de mayo de 2026 estableció un plazo para expedir la legislación correspondiente, cuyo vencimiento está previsto para el 3 de noviembre, el Congreso debe actuar con especial responsabilidad.
Es indispensable escuchar a víctimas, especialistas y organizaciones, también resulta necesario revisar cuidadosamente la distribución de competencias y las consecuencias de las disposiciones transitorias, pero el análisis técnico no puede convertirse en una justificación permanente para incumplir los mandatos constitucionales.
Una ampliación del plazo interno de dictaminación no modifica, por sí sola, una obligación establecida constitucionalmente.
La protección de las mujeres exige leyes bien elaboradas, pero también instituciones capaces de aplicarlas y legisladores dispuestos a cumplir sus responsabilidades.
EL CONGRESO TAMBIÉN DEBE RENDIR CUENTAS
Existe una contradicción que merece señalarse.
Los legisladores exigen que los secretarios de Estado expliquen sus resultados, pero la ciudadanía también tiene derecho a exigir explicaciones sobre las decisiones del propio Congreso, cuando se aprueba una reforma fiscal, los representantes populares deberían explicar a quién afecta y por qué resulta necesaria, cuando se modifican las facultades de una autoridad, deberían aclarar qué límites tendrá y cómo podrá defenderse un ciudadano frente a un abuso, cuando se reconoce un nuevo derecho, deberían explicar qué instituciones garantizarán su cumplimiento y cuando se autoriza un presupuesto, deberían informar qué resultados concretos esperan obtener.
La Constitución otorga a las cámaras facultades para modificar las iniciativas del Ejecutivo, no están obligadas a aprobarlas sin cambios.
Las mayorías parlamentarias tienen legitimidad para impulsar su programa político, pero también tienen la responsabilidad de examinar críticamente sus propias propuestas, la oposición, por su parte, debe acompañar sus cuestionamientos con argumentos y alternativas viables, no basta con votar a favor por disciplina partidista ni con votar en contra para generar un titular.
El trabajo legislativo exige estudiar, escuchar, corregir y asumir públicamente las consecuencias de cada decisión.
Una mayoría puede conseguir los votos para aprobar una reforma, pero los votos no sustituyen su constitucionalidad, su viabilidad técnica ni su utilidad social.
México necesita un Congreso capaz de ejercer un verdadero contrapeso, incluso cuando exista coincidencia política entre la mayoría legislativa y el Gobierno federal, porque respaldar un proyecto de gobierno no debería significar renunciar a revisarlo y cuestionar una reforma tampoco debería significar oponerse automáticamente a cualquier cambio.
El propósito del Poder Legislativo es representar a la ciudadanía, no convertirse en una extensión de las oficinas del Ejecutivo ni en un escenario permanente de confrontación partidista, al final, la calidad de una legislatura no debería medirse solamente por la cantidad de iniciativas presentadas o decretos aprobados, debería medirse por su capacidad para resolver problemas, proteger derechos y evitar que las decisiones públicas generen consecuencias injustificadas.
Las comparecencias terminan, los discursos se olvidan y las mayorías políticas cambian. Pero las leyes permanecen, los presupuestos se ejercen y las consecuencias las vivimos todos.
