El Quehacer Político a través de la opinión del Lic Eden Lozano Meza desde la Cámara Alta///Catastro y predial, una reforma que exige claridad sobre sus efectos en el bolsillo de los mexicanos
Por Lic Eden Lozano Meza
La propuesta de modernizar los registros catastrales y de propiedad abre una discusión que va más allá de la tecnología y la coordinación entre autoridades, el verdadero desafío consiste en garantizar que la actualización de la información inmobiliaria no se convierta en una vía indirecta para incrementar las cargas económicas de las familias.
En México, millones de familias realizan cada año el pago del impuesto predial, una contribución municipal relacionada con la propiedad inmobiliaria, sin embargo, pocos ciudadanos conocen cómo se determina el valor catastral de sus viviendas, quién lo actualiza y de qué manera puede influir en la cantidad que deben pagar.
Por ello, la discusión legislativa sobre la modernización catastral y registral merece especial atención, aunque su finalidad se presenta como un esfuerzo para ordenar, actualizar y hacer más confiable la información de los inmuebles en el país, también plantea interrogantes legítimas sobre sus consecuencias económicas y las responsabilidades de las autoridades.
El catastro es el registro que contiene información sobre los terrenos y las construcciones, como su ubicación, superficie, características y valor, por su parte, el Registro Público de la Propiedad permite conocer la situación jurídica de los inmuebles, incluyendo quién aparece como propietario y qué actos se encuentran inscritos.
Contar con información actualizada puede ayudar a prevenir irregularidades, mejorar la seguridad jurídica y facilitar los trámites de compraventa, herencia y regularización de propiedades.
Pero existe una diferencia fundamental que los legisladores deben explicar a la ciudadanía, actualizar la información de una vivienda no significa, por sí mismo, que deba aumentar el impuesto predial.
El artículo 115 de la Constitución establece las bases de la hacienda municipal y reconoce la intervención de los ayuntamientos y las legislaturas estatales en las contribuciones inmobiliarias, en consecuencia, una reforma de coordinación catastral no equivale automáticamente a una modificación de las tasas o tarifas del predial.
Sin embargo, cuando la información catastral se utiliza para determinar valores que sirven de base a las contribuciones, sus actualizaciones pueden tener consecuencias económicas conforme a la legislación aplicable.
Ahí se encuentra el punto que merece mayor vigilancia legislativa.
La modernización administrativa no debe confundirse con una autorización general para incrementar impuestos, tampoco debe permitirse que los ciudadanos enfrenten modificaciones en sus obligaciones fiscales sin conocer los fundamentos legales, los criterios de evaluación y los medios disponibles para impugnar errores.
Una reforma de esta naturaleza exige transparencia, certeza jurídica y respeto a las atribuciones de los municipios y las entidades federativas.
El Congreso tiene la responsabilidad de revisar no solamente los beneficios administrativos que promete una nueva legislación, sino también sus efectos prácticos, aprobar instrumentos jurídicos implica anticipar sus consecuencias, identificar posibles riesgos y establecer mecanismos que protejan a la población.
Modernizar los registros de propiedad puede ser necesario, lo que no resulta aceptable es que la ciudadanía desconozca cómo esa modernización podría repercutir en su patrimonio.
El debate no debe reducirse a estar a favor o en contra de la tecnología o de la actualización de los registros públicos, la verdadera discusión consiste en determinar si las nuevas disposiciones ofrecen garantías suficientes para que la información sea correcta, los procedimientos sean transparentes y las autoridades rindan cuentas.
Porque una vivienda no representa solamente un dato dentro de un sistema catastral, para millones de mexicanos constituye el patrimonio construido durante años de trabajo.
Y proteger ese patrimonio también debe ser una prioridad del Poder Legislativo.
Conclusión editorial, el Senado debe garantizar que la modernización catastral fortalezca la seguridad jurídica sin convertirse en un mecanismo de presión económica sobre los propietarios, la eficiencia administrativa es importante, pero nunca debe estar por encima de la legalidad, la transparencia y la protección del patrimonio familiar.
