El Quehacer Político a través de la opinión del Lic Eden Lozano Meza desde la Cámara Alta///Una semana de leyes que sí pueden cambiar la vida cotidiana

Por Lic Eden Lozano Meza

Esta semana el Congreso de la Unión dejó algo muy claro, mientras buena parte de la conversación pública sigue concentrada en pleitos partidistas y declaraciones, en el Senado y en la Cámara de Diputados se están tomando decisiones que pueden modificar desde quién puede aspirar a gobernar México, hasta cómo se controla la inversión extranjera, cómo se protege a los animales y cómo se recaudarán y gastarán los recursos públicos en 2027.

Para entenderlo sin tecnicismos hay que comenzar por la reforma que acaparó la discusión, la llamada nacionalidad única.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no mantengan otra nacionalidad. En la votación en lo general obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. La Jornada

El debate político fue intenso, quienes respaldan la reforma sostienen que quien encabece un Poder Ejecutivo debe mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México, sus críticos argumentan que se restringen derechos políticos de mexicanos que adquirieron otra nacionalidad, particularmente integrantes de la comunidad migrante. Panorama del Senado

Pero más allá de los discursos hay una pregunta que cualquier ciudadano debería hacerse: ¿qué problema concreto pretende resolver esta reforma?

Ése es precisamente el tipo de explicación que el Congreso le debe a la ciudadanía cada vez que modifica la Constitución, porque una reforma constitucional no debería medirse únicamente por quién la propuso o qué partido votó a favor. Debe medirse por su necesidad, sus consecuencias y la claridad con la que pueda aplicarse ytodavía falta camino. 

La reforma pasó de Diputados al Senado, el 29 de septiembre, llega a una jornada decisiva en la Cámara Alta. Si obtiene las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes y no sufre modificaciones, pasará a los congresos estatales. Sólo cuando sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México podrá completarse el procedimiento del artículo 135 constitucional.

Es decir, todavía no es Constitución vigente.

Pero mientras la atención estaba puesta en la nacionalidad, otro expediente avanzaba casi silenciosamente y puede tener consecuencias económicas mucho mayores.

Se trata de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera.

La iniciativa pretende fortalecer la revisión de inversiones que puedan comprometer la seguridad nacional, el problema surgió cuando se planteó incorporar a las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, la oposición cuestionó que las instituciones militares participen permanentemente en decisiones relacionadas con capital extranjero, la mayoría sostiene que su intervención es necesaria cuando puedan existir riesgos para la seguridad nacional. 

La falta de acuerdo obligó a posponer la reunión de comisiones originalmente prevista para el 23 de septiembre. El Universal

Y aquí ocurrió algo que pocas veces recibe suficiente atención, el Congreso tuvo que detenerse a negociar, la reforma regresó esta semana a comisiones, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Economía, el nuevo proyecto mantiene el sistema de revisión de inversiones que puedan comprometer la seguridad nacional, pero incorpora modificaciones al procedimiento e incluso mecanismos de desinversión cuando determinadas operaciones incumplan las nuevas reglas. La Jornada

Ésa es precisamente una de las funciones esenciales del Poder Legislativo: no limitarse a recibir iniciativas y levantar la mano, sino discutirlas, corregirlas y establecer límites claros al poder de la autoridad, porque hablar de “seguridad nacional” no puede convertirse en una autorización abierta para que el gobierno decida discrecionalmente qué inversión entra y cuál no.

Si una inversión puede ser rechazada, condicionada o incluso deshecha, la ley tendrá que establecer con precisión quién toma esa decisión, bajo qué criterios, cómo debe justificarla y qué derecho tendrá una empresa para defenderse.

Eso es seguridad jurídica.

Y mientras el Senado discute quién puede gobernar y quién puede invertir, la Cámara de Diputados comienza una batalla distinta: el dinero público de 2027, esta semana inicia una de las etapas más importantes del Paquete Económico, el secretario de Hacienda deberá comparecer ante San Lázaro y posteriormente comenzará la dictaminación de reformas fiscales y financieras.

Para el ciudadano común puede parecer una discusión lejana, llena de cifras y términos técnicos. no lo es, ahí se decide cuánto pretende recaudar el gobierno, de dónde saldrá ese dinero, cuánto podrá endeudarse y, posteriormente, cuánto se destinará a salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales y transferencias a estados y municipios.

La Constitución establece una diferencia que conviene recordar, el Presupuesto de Egresos es aprobado exclusivamente por la Cámara de Diputados, mientras que la 

Ley de Ingresos y las reformas fiscales también pasan por el Senado.

Por eso las próximas semanas serán fundamentales, la pregunta no debe ser únicamente cuánto dinero solicita el Ejecutivo. También habrá que preguntar qué modifica realmente el Congreso.

Porque revisar el presupuesto no significa recibirlo, discutirlo unas horas y aprobarlo, significa justificar cada prioridad frente a millones de mexicanos que financian al Estado mediante impuestos.

Pero quizá uno de los movimientos legislativos más interesantes de esta semana ocurrió fuera de los grandes reflectores.

Las comisiones del Senado aprobaron el dictamen para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la votación registró nueve votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones en la Comisión de Medio Ambiente, y trece votos a favor, ninguno en contra y una abstención en Estudios Legislativos Primera. Mynewsdesk

La legislación deriva de una reforma constitucional previa y pretende establecer reglas nacionales sobre cuidado, protección, comercialización y otras actividades relacionadas con animales, el dictamen también modifica diversas leyes federales. Panorama del Senado

Aquí también existe controversia, representantes de sectores ganaderos, taurinos y gallísticos han pedido al Senado evaluar los efectos económicos, sociales y culturales de la nueva regulación antes de completar su aprobación. OEM

No corresponde anticipar quién tiene razón antes de conocer el texto definitivo y sus efectos, lo que sí corresponde exigir es que una ley general pueda aplicarse en la realidad.

Una legislación puede tener una finalidad legítima y aun así estar mal diseñada si distribuye incorrectamente competencias, impone obligaciones imposibles de cumplir o crea sanciones sin mecanismos claros de inspección.

Y finalmente apareció una discusión que demuestra lo peligroso que resulta legislar mal cuando está en juego la libertad de expresión.

Durante la semana se discutieron reformas en materia de propiedad industrial que la oposición bautizó como “Ley Antimemes”. Ése no es su nombre oficial y afirmar simplemente que “se prohibirán los memes” tampoco describe correctamente el estado actual del expediente.

La controversia surgió alrededor del artículo 403 Bis y de las posibles consecuencias penales relacionadas con la utilización o imitación de determinados elementos de identidad gráfica oficial. 

El PAN sostuvo que una redacción demasiado amplia podía alcanzar parodias y expresiones críticas y exigió excepciones claras para periodismo, sátira y parodia. Panorama del Senado

La discusión importa independientemente de quién haya lanzado la acusación.

Cuando una norma establece penas de prisión, el Congreso tiene una responsabilidad mucho mayor, las conductas prohibidas deben estar perfectamente delimitadas.

No puede dejarse a interpretación de una autoridad si una crítica, una sátira o una parodia política constituye un delito.

Los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución protegen la libertad de expresión y difusión, por eso, cuando una reforma penal puede tocar ese terreno, la redacción de una sola frase puede ser la diferencia entre proteger un derecho de propiedad y restringir indebidamente la crítica pública.

Y ahí está quizá la verdadera enseñanza de esta semana.

El Congreso no trabaja solamente cuando vemos una votación en el Pleno.

Trabaja o debería trabajar, cuando una comisión modifica una iniciativa, cuando una reforma se detiene porque no existen acuerdos, cuando especialistas cuestionan una disposición, cuando la oposición obliga a revisar una redacción y también cuando la mayoría demuestra con argumentos por qué una modificación es necesaria.

Legislar no es levantar la mano. legislar es asumir las consecuencias de cada palabra que se convierte en ley.

Esta semana vimos una reforma constitucional que modifica requisitos para gobernar; una legislación que redefine la vigilancia sobre capital extranjero, el inicio de la batalla por los recursos públicos de 2027, una nueva regulación nacional sobre bienestar animal y una discusión que toca directamente la libertad de expresión.

Cinco asuntos diferentes, pero unidos por una misma pregunta: ¿el Congreso está revisando verdaderamente lo que aprueba o simplemente está administrando mayorías?

La respuesta no debería buscarse únicamente en los discursos de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT o Movimiento Ciudadano.

Hay que buscarla en los dictámenes, las modificaciones, las reservas y, sobre todo, en las votaciones.

Porque al final, cuando las cámaras apagan las luces y los legisladores abandonan el recinto, lo que permanece no es el discurso pronunciado en tribuna.

Permanece la ley.

Y esa ley, bien o mal hecha, termina llegando a la vida de todos.