GOBIERNO DE AUSTERIDAD: ¿Y LA DERRAMA APA?

GOBIERNO DE AUSTERIDAD:
¿Y LA DERRAMA APA?
Por Rodolfo Monroy V.

Con un criterio estrictamente pragmático, resulta innegable que un importante sector de la ciudadanía, quizá la gran mayoría, aprueba y aplaude las medidas de austeridad gubernamental implementadas por la recién entrada administración federal, bajo la perspectiva de que ello generará ahorros en el gasto corriente de las instituciones, y una reorientación y mejor canalización de recursos, que en su momento también llegaron a formar parte de las cadenas de colusión y corrupción denunciadas públicamente.

Muy probablemente el margen de aceptación de esa política, será directamente proporcional en relación a las medidas que instrumentará el Gobierno de la Ciudad de México, y otras instancias estatales y municipales que ya están vigentes, o bien que se encuentran en proceso de transición.

No obstante, y como se ha dicho en diferentes foros, las medidas de economía restrictiva tienen repercusiones negativas en el corto y mediano plazos, si se considera la reducción forzada de una plantilla que no retornará en lo inmediato y que se traducirá en desempleo; una disminución en el poder adquisitivo de quienes integran o integrarán las estructuras de gobierno que sobrevivan, derivado de la anunciada baja salarial a funcionarios en todas las esferas; y la pérdida de captación de impuestos que otrora contribuía a la aplicación continua de programas sociales y desarrollo de infraestructura y obra pública.

A esos elementos se suma la ruda prueba a la que serán sometidos quienes se mantengan o ingresen a la administración pública en cualquier nivel, toda vez que tendrán que asumir las labores y procesos de las áreas y personal suprimidos, con excepción de los “aviadores”, por supuesto.

Más aún, las innovaciones y mejoras anunciadas desde el primer mensaje presidencial el 1 de diciembre, se observarán atrasadas, dada la ausencia de los marcos normativos necesarios, así como de la creación o modificación de esquemas o protocolos autorizados y certificados, independientemente de los recursos materiales y económicos con que deberán contar, y que no pueden ser escatimados.

La afectación no concluye ahí, si se considera la cancelación o reducción de diversas prestaciones o dotación o adquisición de bienes y servicios compartidos financieramente entre gobierno y el servidor público, que eran o son indirectamente promotoras de empleo y derrama económica a sectores ajenos a la burocracia.

En los hechos, se ha demostrado que ese tipo medidas y algunas parecidas que fueron aplicadas en otras épocas (como las del gobierno del Presidente Vicente Fox en su inicio), no arrojaron los resultados esperados, dada la carencia, por parte de la iniciativa privada, de la infraestructura y desarrollo específico para recibir, dotar y soportar el número de personas que hoy quedan marginadas de la función pública.

Bajo la bandera de que “es pasajero y a todo se acostumbra uno”, observaremos una progresiva adaptación personal y familiar a las nuevas condiciones del mercado laboral y salarial, que en realidad advierten de un replanteamiento y restricción de vida, que se verá reflejado en el repliegue o abstinencia en la adquisición de bienes y servicios; mayor endeudamiento y crecimiento de cartera vencida, entre otros tópicos.

No debemos soslayar que las condiciones económicas globales también contribuirán a una desaceleración del crecimiento económico nacional, dada la pérdida de competitividad en la paridad cambiaría; el encarecimiento de bienes, servicios e insumos importados; y las restricciones, protecciones o alteraciones de los mercados internacionales, que podrían provocar el cierre de instalaciones productivas con la consecuente caída de empleos directos e indirectos.

Aquellos ciudadanos que quedaron totalmente desencantados, con el Gobierno Federal de Enrique Peña y que votaron por un cambio de “régimen”, de todas formas habrán de esperar de seis meses a dos años para que algunas medidas de austeridad se concreten, y contribuyan, presumiblemente a incrementar el nivel de vida de los mexicanos, más no su calidad de vida.

La propuesta de que la iniciativa privada también participe en la reducción o contención de salarios y otros beneficios a sus empleados, como complemento de las medidas de austeridad gubernamental, más parece una acción orientada a postergar o detener el incremento de precios, en lo que se concretan las nuevas políticas públicas

El conjunto de las propuestas enunciadas, comienzan a parecerse a las implementadas en los años 80, en el marco del Pacto Nacional de Solidaridad que formuló el Gobierno Federal del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en el que el siguiente paso será esperar el incremento natural de precios que se da todos los fines de año y promover su contención durante un periodo determinado.

Empero, las condiciones han cambiado en relación a ese antecedente, y se corre el riesgo de que las empresas no puedan soportar ni siquiera un lapso mínimo, y comiencen a generar reducciones de plantilla, especialmente aquellas que requieren insumos de importación o cuyos costos de distribución sean mayores.

A pesar de los factores adversos señalados, existen ventanas de oportunidad a las que parece estar apostando el nuevo Gobierno Federal, y que podrían contribuir a una mejora más perceptible entre la ciudadanía:

Finalmente, también resulta importante señalar que las medidas de austeridad pueden acabar en mera demagogia, desde la perspectiva de una falsa disminución en el gasto corriente en las instituciones, para sustituirlas por nuevas, o bien desviar recursos a otros procesos, como han sido las consultas públicas del nuevo aeropuerto y del tren maya… ¿alguien sabe cuánto costaron?… y no sólo hablo de dinero, sino de toda la logística y personal para su despliegue.

Ello sin considerar que las consultas contravienen los principios de democracia representativa que se supone se manifiesta en el Poder Legislativo.