El Quehacer Político a través///Jose Alberto Prado Angeles///“No hay injerencia, hay decisión soberana”
Por José Alberto Prado Angeles
Director General y Editor
Mientras la embajada de Estados Unidos en México felicita a nuestro gobierno “por su continua y valiente cooperación” en el traslado a territorio estadounidense de 26 reos de alto perfil, señalando que “esta transferencia es un ejemplo más de los que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad” y felicitando el embajador estadounidense Ronald Johnson a la presidenta Claudia Sheinbaum “por demostrar determinación frente al crimen organizado”, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que la entrega de prisioneros “no fue por extracción y se trató de una decisión soberana”.
Sin embargo, entre los elogios y justificaciones de la entrega de delincuentes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Preotección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció que drones o aviones no tripulados de origen estadounidense, que “no es un avión militar, no es un dron militar”, han volado en la zona Tejupilco y en otras área del Estado de México -a petición de nuestro país-, para asistir a las autoridades mexicanas a ubicar a grupos delincuenciales.
Habrá que decirlo con las palabras adecuadas, la “extracción” se trata de una extradición a petición del gobierno del país del norte y aunque “soberana”, fue llevada a cabo por la permanente presión que Washington ejerce sobre Palacio Nacional y que los sobrevuelos de los drones estadounidenses en diferentes regiones del territorio mexicano, aunque no tengan los rótulos de las fuerzas armadas de su país, son aeronaves de seguridad que prestan servicio a los servicios de inteligencia y están operando en el espacio aéreo mexicano.
De alguna u otra forma es una “invasión” dentro de la “colaboración” entre ambas naciones. Como la humedad, los servicios militares y de seguridad de los Estados Unidos han penetrado en territorio mexicano, aunque el gobierno de Sheinbaum nos diga lo contrario. Los hechos y la realidad nos dicen otra cosa. Y que bueno que recibamos esa “ayuda”, porque el gobierno ha sido incapaz de cumplir cabalmente con su responsabilidad en lo que se refiere a la seguridad del país.
Una muestra más de esa “ayuda” es la sanción que aplicó el Departamento del Tesoro estadounidense a cuatro mexicanos y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, que cometieron fraudes en la compraventa de tiempos compartidos, ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De alguna manera, esa “colaboración” entre ambas naciones, “soberanamente” según dice el gobierno mexicano -aunque más bien luce como presionada-, es de alguna manera una muestra de que ya ha empezado la “invasión” tan “cacaraqueada” por Washington.
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