Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX continúan con el paro de labores

Por Redacción QP
Los empleados judiciales rechazaron el segundo llamado del presidente magistrado Rafael Guerra para regresar a sus actividades
Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México anunciaron que continuarán con su paro de labores el próximo 30 de junio y hasta que se cumplan sus principales exigencias, como son el aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.
Durante una rueda de prensa en la Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, los trabajadores judiciales rechazaron el segundo llamado del presidente magistrado Rafael Guerra para regresar a sus puestos.
Aseguraron que “están abiertos a la posibilidad de una negociación”, sin embargo, el tanto el gobierno de la Ciudad de México como el Tribunal Judicial no aceptan sus demandas laborales.
“No han traído una propuesta, simplemente se cerraron al decir que no hay dinero y que de haberlo, sería por recortes internos del tribunal (…) no hay condiciones para poder regresar si no se cumplen las exigencias mínimas,” advirtió Héctor Vélez, uno de los trabajadores.
Otro de los trabajadores inconformes, Daniel Alejandro Borge, urgió a las autoridades a alcanzar un acuerdo antes de que se aplique la reforma al poder judicial previsto para el mes de septiembre, porque van a llegar cambios y modificaciones al número de juzgados en la capital del país y en ese proceso se podría perder algún acuerdo.
“Ellos nos dijeron que nos esperáramos en un acto de buena fe hasta el 15 de septiembre, en la cual nosotros estamos diciendo que queremos plasmado en un documento el porcentaje que nosotros queremos, pero no lo quieren dar”, dijo.
Los trabajadores aseguraron que este paro de labores “no es un capricho” y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias porque el malestar con sus representantes va más allá del reciente paro de labores que lleva 28 días, es más, porque son problemas que se arrastran desde hace años.
“Este paro representa un despertar ante la falta de un compromiso institucional para establecer políticas públicas adecuadas frente a las múltiples reformas que se han impuesto al poder judicial reformas que, lejos de fortalecer a la institución, han derivado en abusos, violencia de jueces y magistrados, excesos y acosos dentro de su funcionamiento”.