Falsas promesas, corrupción y violencia, el saldo del sexenio de Peña, plantea informe de Fundar
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Por Redacción QP
El sexenio de Enrique Peña Nieto concluirá con un saldo negativo y marcado por “graves escándalos de corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos“, consideró la organización Fundar.
Al presentar su tercer diagnóstico sexenal, titulado “Fue un mal año. No, menos, como seis”, la organización civil destacó que el desempeño de la actual administración se compuso de falsas promesas, corrupción, inseguridad, pobreza, deudas y fracasos.
Recalcó que si bien hubo iniciativas que intentaron corregir los problemas estructurales del país, su implementación fue insuficiente y mal ejecutada.
“Tenemos marcos normativos de primera, pero con implementación de cuarta”, señaló Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar.
Como ejemplo de lo anterior, Fundar recordó que ante las protestas por casos de corrupción, el Gobierno federal creó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero su implementación fue limitada y no brindó resultados en casos como Odebrecht, la Casa Blanca o los señalamientos de desfalco a las finanzas estatales por parte de gobernadores.
Fundar señaló que el sexenio de Peña Nieto fue el más violento en los último años. Foto: Twitter, @FundarMexico.
En materia de seguridad, el sexenio de Peña Nieto fue el más violento en los último años. Ya que, señaló Fundar, desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, de los 36 mil mexicanos desaparecidos hasta abril de 2018, 23 mil casos ocurrieron durante la actual administración.
En materia económica, la organización criticó el aumento en la desigualdad producto, en gran medida, de la mala distribución de la riqueza y de con un deficiente sistema fiscal que “sigue beneficiando a una cuantos y ha permitido a quienes tienen más, pague sólo el equivalente al 11 por ciento de sus ingresos”.
Fundar añadió que el Gobierno de Peña Nieto terminará sin reflejar los beneficios que las reformas estructurales traerían al país.
En cambio, la Reforma energética sólo “ha significado la sistemática violación a los derechos de los pueblos indígenas sin que traiga desarrollo y beneficio a las comunidades”.
Además, ejemplificó, la industria minera “paga menos del 0.5 por ciento del total de impuestos recaudados”, mientras los pueblos originarios viven los estragos de las prácticas de extracción.
Pérez Garrido señaló que la futura administración recibirá un país complejo, “con instituciones dinamitadas“. Y llamó a tomar decisiones adecuadas para evitar la repetición de los esquemas de violencia que México vivió durante los gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto.
En este sentido, llamó a reconsiderar el plan de seguridad para evitar que persistan los balazos.
