Por Lic Eden Lozano Meza
Mientras Estados Unidos celebra unas elecciones que pueden modificar el rumbo político de los próximos dos años, en México el Senado de la República atraviesa una reorganización interna que merece atención. Aunque parecen acontecimientos distintos, ambos tienen algo en común, las decisiones que se toman dentro de los congresos terminan influyendo en la economía, la seguridad, los derechos de las personas y la capacidad de los gobiernos para cumplir sus compromisos.
Este 3 de noviembre, millones de estadounidenses acudieron a las urnas para renovar los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, disputar 35 escaños del Senado y elegir 36 gubernaturas. No se trata de una elección presidencial, Donald Trump continuará en el cargo, pero la integración del Congreso determinará qué tantos apoyos o contrapesos legislativos tendrá durante la segunda mitad de su mandato.
Para México, estas elecciones tienen una importancia que va mucho más allá de la política estadounidense. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y las decisiones de su gobierno pueden repercutir en las exportaciones, la inversión, la generación de empleos y las condiciones migratorias de millones de mexicanos. Un Congreso con mayor presencia republicana podría facilitar determinadas propuestas del presidente Trump, mientras que un avance demócrata podría incrementar la supervisión de su administración. Sin embargo, ningún resultado garantiza por sí solo una relación más favorable para nuestro país.
Uno de los asuntos más sensibles es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, cuya revisión se desarrolla en medio de diferencias comerciales y exigencias políticas. Las reglas que se acuerden pueden afectar directamente a las empresas mexicanas que exportan productos, a los trabajadores de la industria automotriz y a las regiones que dependen del comercio internacional. Por eso, México necesita una estrategia que no dependa únicamente de la relación entre presidentes, sino que también fortalezca el diálogo con los legisladores estadounidenses.
Mientras esto ocurre al otro lado de la frontera, el Senado mexicano enfrenta sus propias decisiones. El pasado 28 de octubre, la Junta de Coordinación Política presentó un acuerdo para modificar la integración de diversas comisiones legislativas, a petición del Grupo Parlamentario de Morena. Entre los movimientos propuestos destaca la sustitución de Manuel Huerta Ladrón de Guevara por Francisco Chiguil Figueroa en la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, así como la incorporación del propio Manuel Huerta a la presidencia de la Comisión de Bienestar.
El documento también contempla cambios en comisiones de especial relevancia, como Puntos Constitucionales, Marina, Defensa Nacional, Educación, Recursos Hídricos y Seguridad Nacional. Entre las propuestas figuran Blanca Elizabeth Fiesco Díaz para presidir Puntos Constitucionales, Laura Estrada Mauro para Marina, Mariela Gutiérrez Escalante para Defensa Nacional y Cynthia López Castro para Educación. El acuerdo solicitó que estas designaciones fueran sometidas a consideración del Pleno, conforme al procedimiento parlamentario correspondiente.
Para quienes no conocen el funcionamiento del Congreso, estos movimientos podrían parecer simples cambios de nombres. Sin embargo, las comisiones son los espacios donde se estudian las iniciativas, se analizan las propuestas de reforma y se elaboran los dictámenes que posteriormente pueden discutirse y votarse en el Pleno. Una presidencia no decide por sí sola el destino de una ley, pero sí desempeña un papel importante en la organización de las reuniones, la conducción de los trabajos y el seguimiento de los asuntos pendientes.
Por ello, la reorganización debe examinarse más allá de los acuerdos políticos que la originan. Lo verdaderamente importante es conocer si estos cambios contribuirán a mejorar el trabajo legislativo, permitirán avanzar en los asuntos pendientes y ofrecerán resultados concretos. La ciudadanía no obtiene un beneficio por el simple hecho de que cambie quien preside una comisión, sino cuando esa comisión cumple sus responsabilidades y atiende los problemas que justifican su existencia.
La coincidencia entre ambos acontecimientos permite plantear una reflexión más amplia. Mientras Estados Unidos decide cómo distribuir el poder entre sus fuerzas políticas, en México también se reorganizan espacios de decisión dentro del Senado. La diferencia es que, en un caso, los ciudadanos eligen directamente a sus representantes y, en el otro, se trata de decisiones de organización parlamentaria que deben sujetarse a las reglas institucionales. Ambos procesos son distintos, pero sus consecuencias pueden trascender la disputa entre partidos.
Además, frente a las elecciones estadounidenses, el Senado mexicano tiene una responsabilidad constitucional que no debe pasar inadvertida. El artículo 76 de nuestra Constitución le atribuye facultades para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal y aprobar los tratados internacionales en los términos previstos por la propia Constitución. Esto convierte al Senado en un actor institucional relevante para el seguimiento de las relaciones internacionales, aunque la conducción y negociación de la política exterior corresponde al Ejecutivo.
México no puede controlar las decisiones electorales de Estados Unidos, pero sí puede fortalecer sus instituciones, diversificar sus relaciones económicas y preparar respuestas legislativas ante los desafíos internacionales. Tampoco puede pretender que una reorganización de comisiones resuelva automáticamente los problemas nacionales. Lo que sí puede exigirse es que los cambios internos se traduzcan en trabajo efectivo, transparencia y responsabilidad frente a los ciudadanos.
En política, las mayorías cambian, los cargos se renuevan y los acuerdos se modifican. Lo que debe permanecer es la obligación de las instituciones de responder a quienes representan. Estados Unidos decidirá mediante sus elecciones la composición de su próximo Congreso, mientras México tendrá que demostrar que su propio Poder Legislativo está preparado para enfrentar los retos económicos, sociales y diplomáticos que se aproximan.
Al final, el verdadero valor de un Congreso no está en quién ocupa sus presidencias o cuántos escaños controla un partido, sino en las decisiones que toma y en las consecuencias que esas decisiones tienen para la población.
