Contra Punto///Rodolfo Monroy V///VULNERABILIDAD + AMENAZA = NIVEL DE RIESGO.
VULNERABILIDAD + AMENAZA = NIVEL DE RIESGO.
Por Rodolfo Monroy V.
Analista
VULNERABILIDAD + AMENAZA = NIVEL DE RIESGO.
Por Rodolfo Monroy V.
Analista
Tiempos difíciles vive nuestro país en materia de seguridad pública, independientemente del tipo y forma de administración y/o partido político que se ubica en el gobierno, ante el significativo incremento en los indicadores delictivos, particularmente aquellos que son acompañados de violencia radical.
La percepción ciudadana sobre sus niveles de riesgo continúa en aumento, dado lo cercano, visible y trascendental de los actos delictivos (homicidio, secuestro, extorsión, etc.), el aumento de hechos seriales (feminicidios, robo de menores), la disputa territorial y operativa protagonizada por células criminales (producción y tráfico de sustancias ilegales, armas, explosivos, dinero, hidrocarburos, madera, minerales, arte, además de la explotación y trata de personas), y los actos institucionales que buscan confrontarlos para acotar sus márgenes de actuación.
No se necesita ser gran estudioso en materia de seguridad y justicia para entender que la población cada día se siente más vulnerable y observa en cualquier parte amenazas directas o indirectas, independientemente de su lugar de residencia, actividad productiva, ingreso, grado académico y/o condición social que se trate.
La ecuación es simple: Vulnerabilidad + Amenaza = Nivel de Riesgo; independientemente de que creamos que es un asunto de percepción o sensación intangible.
Mientras que los gobiernos estatales y federal, a través de sus modelos y métodos de cuantificación de víctimas (cualquier tipo de delito), continúan contrapunteando sus cifras con las que arrojan organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y medios de comunicación, la sociedad “declara” una cifra negra, que si bien podemos acusar de especulación y rumor porque son hechos no confirmados o denunciados, en la realidad configuran una psicosis colectiva, incluso en lugares que tradicionalmente eran ubicados como de baja incidencia.
Como “poco afortunadas” deben calificarse las declaraciones que arrojan datos duros sobre el actuar delictivo, o peor aún, aquellas políticas recientes que parecen soslayar cierto tipo de eventos criminales, para priorizar otros de afectación nacional y que por causas diversas también resultan fallidas.
A pesar de que tenemos un pueblo comprensivo (aparentemente) que acepta que los indicadores delictivos no son recientes; que existe alto grado de responsabilidad de gobiernos precedentes por la negligencia, impunidad y corrupción que permitieron o practicaron; que estamos contaminados o influenciados por organizaciones criminales transnacionales; y que nuestros sistemas de persecución del delito están desfasados, habría que señalar a quienes hoy son los responsables en el ramo (en cualquier nivel), que no podrán por mucho tiempo seguir repartiendo culpas; que los esquemas de operación de los criminales se perfeccionan diariamente; que no importa cuántas leyes y sanciones se autoricen o aprueben en los aparatos legislativos, o cuántos cuerpos de seguridad innovemos o aprobemos, el sentir negativo estará por encima de todo.
La solución no es simple, después de tanto daño, pero habría que sugerir o invitar a las autoridades a adoptar esquemas más fiables, especialmente para el tratamiento y control de la información, a saber:
Ningún otro servidor público (policía, perito, agente) o funcionario no autorizado debería emitir declaraciones sobre fenómenos o hechos delincuenciales, con la finalidad de realizar un adecuado control de daños y no afectar procesos de persecución y sanción de delitos.
A los elementos anteriores se suman críticas a las políticas y discursos utilizados recientemente por el Gobierno Federal,detonantes de cuestionamientos que pueden acabar con la intención de construir un proyecto de Estado eficaz y eficiente en materia de seguridad.
Sobre el particular, habría que considerar:
Bajo esas premisas, podemos concluir que la urgencia del Estado Mexicano es disminuir la actividad delincuencial, misma que se traduce en temor ciudadano y pérdida de confianza en las instituciones, pero no sólo las dedicadas a la seguridad pública, sino en todo el aparato y entramado gubernamental que hoy se aprecia rebasado por sus propias inconsistencias.
De no anticiparnos a esta situación, la vulnerabilidad y amenaza que percibe hoy la ciudadanía, buscará y encontrará caminos alejados del contrato social y de la congruencia, para optar por justicia de mano propia, incrementando los niveles de confrontación y violencia.
Peor aún, resulta altamente probable que quienes incurran en esa dinámica, seguramente sí serán aprehendidos y sancionados con mayor prontitud, que aquellos que son responsables reiterados de eventos criminales, lo que generará una calificación reprobatoria a la política de Estado en ese rubro.
Conste que ya les avisé…
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