El Boeing 787-8 se adquirió en 2012 por 218.7 millones de dólares (187.6 millones de euros), equivalentes a 2 mil 952.4 millones de pesos, con un tipo de cambio de 13.50 pesos por dólar.

El avión tiene nueve años de antigüedad, ya que salió de fábrica en 2009 y considerando que una aeronave se deprecia entre 5 y 8 por ciento cada año, ahora puede tener un valor de 103.1 millones de euros (120.2 millones de dólares), de acuerdo con un vendedor de aviones privados.

Pero como se configuró para uso del Gobierno, todo ese equipamiento se va a perder porque no tiene ningún valor para una aerolínea comercial, por lo que se puede vender por 30 por ciento de su precio original.

El avión cuenta con un menor número de asientos que el de una aerolínea comercial, 80 contra los 274 del nuevo Boeing 787, cabinas especializadas, oficinas y salas privadas, estancias y dormitorios, pero todo eso no tiene ningún valor para una aerolínea comercial. Y para reconvertir el avión presidencial para transporte regular de pasajeros, se tienen que invertir entre 8 y 12 millones de euros, de acuerdo con la consultora global Ascend.

En 2016, cuando se entregó el avión, el Gobierno mexicano dio a conocer una evaluación de la firma Ascend Flightglobal Consultancy sobre la conveniencia de venderlo. El cálculo fue que venderlo a una aerolínea comercial en enero de 2019, sería por un valor de 70 millones de euros (81.6 millones de dólares), es decir, 37 por ciento de lo que se pagó por él. Y si se le vendiera a un cliente privado, sería por alrededor de 121.8 millones de euros (142 millones de dólares).

Además de la pérdida económica que representaría para el nuevo Gobierno la venta del avión presidencial, los expertos consideran que se debe hacer un análisis del costo-beneficio de utilizar vuelos comerciales en lugar de tener una flota presidencial.