La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR<\/strong>) deber\u00e1 reabrir la investigaci\u00f3n del caso Tlatlaya<\/strong> ante la ausencia de una investigaci\u00f3n exhaustiva, adecuada y efectiva, inform\u00f3 este d\u00eda el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez (Centro Prodh). La orden del juez responde a un reclamo de organizaciones civiles y afectados: que se investigue hasta arriba, es decir, a la cadena de mando.<\/p>\n El grupo civil inform\u00f3 este d\u00eda que el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal resolvi\u00f3 la reapertura del caso ante el recurso de la v\u00edctima y sobrevivienteClara G\u00f3mez Gonz\u00e1lez<\/strong> y orden\u00f3 a la dependencia federal realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando<\/strong> involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes<\/strong> en horas de oscuridad.<\/p>\n El caso Tlatlaya<\/strong> fue el primero de los tantos casos de violencia que mancharon la gesti\u00f3n del Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto a nivel nacional e internacional debido a que muestra la constante de la justicia en M\u00e9xico: la impunidad. En este caso se trata de una posible ejecuci\u00f3n extrajudicial<\/strong> cometida por elementos del Ej\u00e9rcito mexicano en medio de la llamada guerra contra el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n La versi\u00f3n oficial de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena)<\/strong> fue que se hab\u00eda tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en la comunidad de San Pedro Lim\u00f3n, municipio de Tlatlaya. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendaci\u00f3n 51\/2014 de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versi\u00f3n.<\/p>\n El Centro Prodh record\u00f3 que a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para se\u00f1alar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acredit\u00f3 que entre 12 y 15 de las v\u00edctimas fueron ejecutadas arbitrariamente el 30 de junio de 2014. Tampoco se ha establecido con precisi\u00f3n el n\u00famero de v\u00edctimas de ejecuci\u00f3n y que no se ha castigado a nadie por la alteraci\u00f3n de la escena.<\/p>\n<\/blockquote>\n La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben, de manera ininterrumpida y con celeridad, realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisi\u00f3n, respetar el derecho de la v\u00edctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronol\u00f3gicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acci\u00f3n penal.<\/p>\n El\u00a031 de julio de 2017, el\u00a0Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal\u00a0en la Ciudad de M\u00e9xico orden\u00f3 a la PGR, mediante una sentencia de amparo, que\u00a0realice con debida diligencia\u00a0la investigaci\u00f3n de los hechos. La\u00a0PGR\u00a0impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, que fue ratificada el mes pasado.<\/p>\n \u201cAbatir delincuentes en horas de oscuridad\u201d fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones \u201cSan Antonio del Rosario\u201d y que estuvieron involucrados en la matanza. As\u00ed lo consigui\u00f3 documentar el Centro Prodh al tener acceso a la Orden de Relevo y Designaci\u00f3n de Mando, dirigida al Teniente de Infanter\u00eda Ezequiel Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, quien estaba al mando del personal de tropa. Las pruebas fueron presentadas el jueves 2 de julio de 2015 en un informe.<\/p>\n\n
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